Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que el objetivo es “orientar la inversión privada a actividades sostenibles que generen empleo”.
De la Vega explicó que el nuevo Fondo contemplado en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aportará 10.000 millones de euros, y las entidades de crédito podrán financiar el 50% restante, hasta un máximo de 20.000 millones.
Según la reseña del Consejo de Ministro el objetivo es financiar actividades sostenibles que sirvan para impulsar la economía y el empleo, al mismo tiempo que “avanzar en la transformación de la estructura productiva”.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado miércoles durante su comparecencia extraordinaria en el pleno del Congreso de los Diputados que el fondo contará con cuatro instrumentos de financiación: un fondo de inversiones de capital en infraestructuras, uno de capital riesgo, una línea de préstamos o avales a empresas, y una línea específica de préstamos para rehabilitación de viviendas a particulares.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos será la encargada de poner en marcha dicho fondo, inscrito en la Estrategia para la Economía anunciada por el Gobierno con un horizonte de diez años, en el que también se integra el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Por su parte, el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, afirmó ayer que la estrategia sobre economía sostenible del Gobierno “está bien”, pero añadió que es necesaria aún una respuesta clara, “con medidas profundas, ambiciosas y urgentes”.
En la presentación de los resultados de la Central de Balances, Malo de Molina destacó que la economía española se encuentra en una encrucijada por la crisis y que atraviesa una situación difícil.
Asimismo, consideró que las medidas basadas en promover el gasto ya no son suficientes y que los estímulos fiscales han agotado su margen de respuesta.
En su opinión, el Gobierno debe tomar medidas, de tipo estructural, orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de la economía española.
Sobre el contenido de la Ley de Economía Sostenible señaló que es positivo que se equilibre el tratamiento que se da a la vivienda en propiedad y en alquiler, así como que se abaraten los trámites legislativos.
