Los profesionales sanitarios denunciaron ayer la “lentitud insoportable” con la que va el proceso iniciado por el Ministerio de Sanidad para prohibir fumar en bares y restaurantes, algo que han achacado a “intereses políticos y económicos”.

Consejos generales de médicos, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeras, junto con el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, pidieron ayer a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que “acelere” el endurecimiento de la ley antitabaco para que “no tenga ningún tipo de retraso gratuito”.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, ha apelado a la “responsabilidad” social de “todos los dirigentes”, no sólo de los políticos, para que antepongan a cualquier otro interés el derecho a la salud de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, que recoge la Constitución.

Rodríguez Sendín hizo hincapié en que “un retraso de meses” en aprobar las nuevas medidas supondrá un mayor número de muertes, teniendo en cuenta que cada año 3.000 personas fallecen en España víctimas del tabaquismo pasivo, es decir, ocho diarias.

Primar otro tipo de cuestiones, como las supuestas pérdidas que aventuran los hosteleros, por encima de la salud de los españoles y de una “evidencia científica que abruma” sobre los perjuicios del tabaquismo, sólo puede definirse como “corrupción”, según aseveró el doctor.

El presidente de la Organización Médico Colegial recordó que la experiencia de todos los países donde se ha prohibido fumar en los espacios públicos cerrados es que la hostelería no ha sufrido pérdidas económicas.

Comentó que si fueran “verdad” los temores del sector cabría preguntarse si es lícito “poner precio a las muertes de este año” o plantearse “cuánta gente tiene que morir” para que se opte por apreciar más los beneficios de bares y restaurantes que la salud pública.

María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que agrupa a 37 sociedades científicas, confesó que “le extraña que no haya un texto articulado” sobre una iniciativa que, según anunció la ministra de Sanidad, se presentará en junio al Consejo Interterritorial de Salud.

Por eso, pidió que “cuanto antes” se difunda este documento a fin de que los profesionales sanitarios puedan “valorarlo” y hacer aportaciones a las posibles “lagunas” de las que adolezca.

Planchuelo ha “animado” al Ministerio de Sanidad a que “siga la línea que ha iniciado” para llevar a cabo la ampliación de la Ley de 2006, que librará del humo a 800.000 trabajadores de la hostelería.

Dijo que la “prohibición parcial” evitó ya unas 1.500 muertes en este país, pero advirtió de que “hay que seguir avanzando” porque el tabaquismo descenderá al menos un 10% si se impide fumar en todos los lugares públicos y, de forma indirecta, hasta un 8% en los hogares.

Carmen Peña, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, recordó que el 30% de las muertes por tabaquismo pasivo corresponden a los menores.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Manuel Berdullas censuró que en algunas Comunidades Autónomas hay “una especie de desobediencia” a la actual legislación contra el tabaco que debe de corregirse.

Ante esta situación, los profesionales sanitarios pidieron que se superen los “escollos encontrados por el camino” para que, “a la mayor brevedad posible”, se apruebe “una nueva Ley sin interpretaciones subjetivas”.

Berdullas esgrimió que el “consenso” que busca la ministra para adoptar la prohibición total debe hacerse extensivo al 30% de los fumadores de este país, de modo que “sigan votando a quién les dé la gana” y no a quién sea más permisivo con su adicción.