A la Junta de Andalucía parece explotarle en la cara el asunto de su Consejería de Educación en lo referente al asunto de los monitores escolares. El caso viene de largo, pero en esencia supone que la Junta un buen día dejó en la calle a más de 800 monitoras en la región, unas 80 en el conjunto provincial y 38 en la capital gaditana, en lo que se suponía una cesión ilegal de mano de obra a empresas subcontratadas para llevar a cabo este servicio crucial para los centros escolares públicos, ante lo cual, la mayor parte de ellas denunciaron ante los juzgados de lo Social, y tras ello, la Junta ideó un Plan de Choque para solventar la ausencia de estos profesionales en los colegios en tanto en cuanto no se creasen legalmente las plazas mediante la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) mediante la contratación “por obras y servicios” de otros monitores.
Pues bien, estos monitores despedidos “ilegalmente” el pasado 14 de noviembre y que se manifestaron el lunes en Sevilla a las puertas del Palacio de San Telmo para reclamar una solución que suponga su “readmisión” ante la “nefasta gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, comenzaron a interponer desde el pasado mes de enero sus correspondientes demandas ante el incumplimiento por parte de la Junta del Plan de su Choque en lo que representantes de la central sindical CSIF califican de “contratos en fraude de ley”, ya que los trabajadores fueron contratados por obra y servicio, por los que solicitan la nulidad de sus despidos.
Sucede que esta situación afecta a 113 monitores en la provincia de Cádiz que están en las listas del paro en la actualidad y luchando por sus derechos desde ese 14 de noviembre en el que fueron despedidos y sin embargo abrió la puerta para las readmisiones de aquellos otros monitores que fueron despedidos con anterioridad y que la Justicia les ha ido dando la razón casos por caso y de los que solamente queda por resolver el caso de los 38 profesionales que presentaron sus respectivas demandas en los juzgados de lo Social de la capital gaditana, mediante la pertinente publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la RPT que les concierne. 
Desde el CSIF, reclaman una solución para este centenar de gaditanos ya parados, pues la relación contractual con la Junta acabó el pasado 14 de noviembre, fecha en la que se quedaron en la calle a pesar de su aplicada realización de tareas de apoyo administrativo, atención a las bibliotecas, vigilancia de alumnos en comedores escolares, colaboración en actividades extraescolares y deportes en centros públicos de educación infantil y primaria sujetos al VI Convenio Colectivo del Personal laboral al servicio de la Junta y cumpliendo con los requisitos.
La paradoja en todo esto es que los Juzgados pueden dar la razón a este colectivo del Plan de Choque al igual que sucediera con los monitores escolares cuya cesión ilegal de mano de obra quedó acreditada en las centenares de sentencias de los diferentes juzgados de lo social, con lo que puede suceder que, como determinan los diferentes sindicatos de la enseñanza, que con el afán de la Junta de sustituir el empleo fijo por estos mini-jobs, la Junta se vea obligada a la readmisión de éstos y entre un colectivo y el otro, tengan el servicio de monitores escolares a tiempo completo.