El delegado territorial de Justicia en Cádiz, Miguel Rodríguez, se ha mostrado optimista respecto a la ejecución de la Ciudad de la Justicia en la capital gaditana y ha alabado la disposición mostrada por el Ayuntamiento de cara a desbloquear el proyecto. Y eso a pesar de que hace unos días, el alcalde accidental de Cádiz, Demetrio Quirós, reclamaba al Gobierno andaluz que “reconsidere” su proyecto de presupuestos e incluya “una inversión más ambiciosa” para la Ciudad de la Justicia.
Rodríguez recuerda que “cuando llegamos al Gobierno de la Junta de Andalucía y tomo posesión como delegado territorial aquí en la provincia de Cádiz, las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento estaban rotas. La Ciudad de la Justicia era un juguete político, era una entelequia porque ninguna de las dos administraciones tenía voluntad”.
Ante esa situación “lo que hicimos fue bajar el balón al suelo, acercar posturas con el Ayuntamiento y que de una vez por todas se produjera la cesión del suelo en Tabacalera, donde no tenemos ningún tipo de dudas que es el lugar idóneo para su instalación. Y partir de ahí nos pusimos a trabajar con el Consistorio en el aspecto técnico para salvar los problemas urbanísticos que pudieran surgir. Y hoy estamos muy cerca de esa cesión de suelos”.
Apuesta por el proyecto
Por eso, “no pueden decir que no apostamos por la Ciudad de la Justicia porque ya en los anteriores presupuestos contemplábamos 622.000 euros para la redacción del proyecto, pero como no nos han cedido el suelo no se ha ejecutado esta cantidad, por lo tanto en los presupuestos de 2021 regresa esta partida”.
Rodríguez cree que “más pronto que tarde se producirá esta cesión y será un éxito rotundo haber desbloqueado la paralización institucional que existía. Luego se redactará el proyecto y se ampliará la consignación presupuestaria para llevar a cabo la construcción de la Ciudad de la Justicia”.
Sobre los fondos para la construcción, “la idea es que se ejecute con capital público-privado, que es otra forma de gestionar para que sea asumible por la administración. Es la misma fórmula que seguimos con las ciudades de la justicia de Jaén y Sevilla”.
Esta fórmula “es una forma diferente de gestionar. Estamos acostumbrados a que sean las administraciones públicas las que asuman a pulmón todo el coste de inversión, y en este caso también se da la oportunidad a que haya empresas las que lleven a cabo la inversión mayoritaria en el desarrollo de las infraestructuras. Se está ultimando el documento que regulará cómo serán estas relaciones de colaboración público-privada que entendemos es una buena forma de desahogar a la administración pública y por otro lado darle oportunidades a la inversión privada”.
Pero volviendo al proyecto, recuerda que “el Ayuntamiento todavía tiene que ceder los suelos. En el mismo había una serie de problemas como unos viales de dominio público que se ha solventado ya. Por otro lado, el uso del suelo de Tabacalera en el PGOU está puesto como cultural o educativo, por lo que había dos opciones, modificar el PGOU con lo que ello conlleva, o llevar a cabo un levantamiento de artículo que hiciese compatible el uso de cultura con el de justicia, el cual ya ha sido ratificado en el pleno. Se ha ratificado también en la Dirección General de Urbanismo y ahora mismo están trabajando los técnicos de ambas administraciones para elaborar el convenio de cesión. Por lo tanto se está realizando un trabajo conjunto para cerrar la citada cesión administrativa”.
A pesar de las trabas, asegura que es “optimista y a los hechos me remito. Cuando llegamos estaba completamente paralizado el proyecto y dos años después ya tenemos prácticamente el documento definitivo de cesión. Eso sí, el optimismo llega de la mano del trabajo y de las buenas relaciones institucionales sin tener en cuenta el color político de las mismas. Creo que hay buena fe por parte del Ayuntamiento y también desde la Junta”.
Plan de choque
En cuanto al personal de la administración de justicia, el delegado explica que “hemos puesto en marcha un plan de choque que ya está en marcha y lo que hacemos es reforzarlo, para que los funcionarios de los juzgados puedan realizar más horas extras por la tarde de manera, evidentemente, remunerada con el objetivo de ayudar a la descongestión de los juzgados, más ahora en tiempos de pandemia”.
“El plan de choque consiste en unas partidas destinadas a horas extraordinarias. Por otro lado se han hecho ampliaciones como auxilio judicial”, añade.
El delegado provincial de Justicia concluye con una petición y es que “nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso de mejorar la justicia, mientras que el Ministerio de Interior nos prometió un juzgado Covid de lo Mercantil para aligerar todas estas circunstancias en relación a la pandemia y vamos a llegar a final de año y todavía no hay nada. Pedimos que de la misma forma que nosotros cumplimos, que ellos también cumpla y autorice esta nuevo juzgado que se instalaría en Carranza”.