El concejal de PIVG Jesús Mayoral ha dejado claro, a través de un comunicado, que "no tengo que pedir perdón" ni al alcalde", Juan Carlos Ruiz Boix, "ni a ningún miembro del equipo de gobierno" por poner "en conocimiento de la fiscalía o del juzgado las actuaciones de las que tengamos indicios de supuestos delitos o irregularidades y máxime cuando no se nos facilita la información que solicitamos o no responden como también obliga la ley a escritos y preguntas que realizamos en nuestra función de control y fiscalización al equipo de gobierno recogido en el artículo 23 de la Constitución".
"En todos los plenos cuando esto ocurre, sencillamente les anuncio que lo pondré en manos de quien al menos les obligue a responder y facilitar la documentación que se niegan a los grupos políticos que nos sirve para fiscalizar sus actuaciones de gobierno", comenta.
Continúa Mayoral recordando que "ejercer mis derechos como concejal me ampara la propia Constitución en mi función de cargo público y acudir a la Jurisdicción Administrativa o Jurisdicción Penal o hacer una denuncia en la Fiscalía o cualquier otro Órgano competente es lo que hago cuando se nos obstaculiza nuestra labor de concejales y tenemos indicios de supuestas actuaciones ilícitas en el ámbito administrativo o en el ámbito penal y muchas de las veces hasta con informes negativos o desfavorables de los propios técnicos del ayuntamiento y que el alcalde con su mayoría absoluta cree que sus votos están por encima de la ley".
En el caso que ha originado la polémica, recuerda que se trata de "una denuncia a la que el concejal de la UP Sr. Ramos y el alcalde durante varios Plenos no han querido contestar a las preguntas que se les realizaba referente a la contratación de los monitores de la Universidad Popular".
Para Mayoral, "quizás si hubiese más comisiones de investigación política de algunas actuaciones de forma constructiva se podrían resolver dentro del ámbito político de la Corporación sin necesidad de acudir a la Jurisdicción contenciosa o penal".
"No se nos puede obligar como el que dice a acudir a la justicia porque creen que con su mayoría absoluta están por encima de la Ley y luego cuando vamos si no hay una sentencia condenatoria decir que manchamos su nombre y en este caso no hay ni sentencia puesto que es una actuación de la fiscalía para que proceda ante la falta de respuesta sobre lo publicado por el concejal en cuanto a los monitores que impartiría los cursos de la UP, desconociendo que empresa era la adjudicataria del servicio y por lo tanto vemos un indicio de discrecionalidad por parte del concejal y alcalde ya que se termina contratando a cada uno de los monitores que había descrito el concejal sin haber ningún tipo de concurso administrativo previo", indica Mayoral.
"Desde el PIVG, nos es muy difícil no discrepar del archivo del mismo porque dice que a su juicio y según las diligencias realizadas no se da el supuesto ilícito de prevaricación que señalábamos y alude a que los recursos para la prueba no son ilimitados y a la economía procesal para no realizar más diligencias no viendo ilícito penal con las practicadas", comenta.
Por último, Mayoral avanza que "sopesaremos acudir o no al juzgado a la vista del decreto de la fiscal".
