El PA ha presentado una moción relacionada con la política de Vivienda. El portavoz de los andalucistas, Antonio Jesús Ruiz, ha adelantado que “vamos pedir que desde el Parlamento Andaluz se pongan en marcha los trabajos preparatorios del nuevo Plan Andaluz de Vivienda”.
En palabras del portavoz del PA, el anterior Plan de Vivienda 2008-2012 “suponía un buen instrumento para mejorar el parque de viviendas existentes en nuestra ciudad, pero sin embargo, la gestión y el desarrollo del mismo a lo largo de estos cuatro años ha sido un auténtico desastre”. De hecho, Ruiz recuerda que en el año 2010, dos años antes de que expirara el plan, “la Junta ya reconoció que ya no funcionaba”.
Asimismo, Ruiz ha explicado que la mayoría de las solicitudes presentadas por los portuenses en el año 2010, vecinos que querían beneficiarse de alguna de las subvenciones acogidas al citado Plan, fueron desestimadas por falta de presupuesto e incluso la gestión de las ayudas presentadas con anterioridad “ha dejado a numerosas familias a expensas de que se hagan efectivos los pagos de las subvenciones”.
Según el andalucista, “en estos momentos de tantas dificultades económicas, tiene que haber un fortalecimiento urgente de la política estatal y autonómica de Vivienda”. Para los andalucistas es “necesario y fundamental” que, de forma urgente, se desbloquee el Plan Estatal de Vivienda y se inicien los trabajos necesarios para que arranque un nuevo Plan Andaluz de Vivienda, adaptado a las condiciones económicas y sociales que en las que nos encontramos y cuyas previsiones de dotación presupuestaría sean reales y efectivas.
Ello, en opinión Ruiz, “será positivo para nuestra ciudad, tanto para los particulares que necesitan abordar reformas en sus viviendas, como para la población en su conjunto por su reflejo en el desarrollo de la propia economía local”.
Igualmente, el PA entiende que las subvenciones concedidas en virtud del anterior Plan Concertado y cuyo abono no se ha hecho efectivo, “han de ser aseguradas presupuestariamente”.
En esta misma moción, el PA también va solicitar los apoyos al resto de fuerzas políticas para instar al Ministerio de Vivienda a introducir una línea de subvención para los propietarios de edificios que realicen la Inspección Técnica (ITE) de forma voluntaria, en aquellos casos en que la misma recaiga sobre la vivienda habitual y se cuente con recursos económicos limitados.
En este sentido, cabe explicar que el pasado mes de julio entró en vigor el artículo 21 del Real Decreto-Ley 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios e impulso a la Rehabilitación, que determina la obligatoriedad para todos los municipios de más de 25.000 habitantes de establecer las Inspecciones Técnicas de Edificios, a partir de julio de 2012.
El Ayuntamiento de El Puerto ha dado cumplimiento al imperativo legal y la Oficina de Inspección Técnica de Edificios, así como su ordenanza de funcionamiento y procedimientos para la ITE es una realidad en nuestra ciudad desde el año 2007. La puesta en marcha de la misma se ha hecho de forma gradual, obligando primero a los edificios catalogados por el Plan General como Integral, Estructural o Global. A partir de marzo de 2009 a todos los edificios de más de 50 años que están dentro de la delimitación de conjunto histórico y por último, a partir marzo de 2013, también a todos los edificios de más de 50 años de todo el término municipal.
“Los andalucistas entendemos que la ITE constituye un instrumento necesario de fomento de la conservación de los edificios”. No obstante- aclara Ruiz- “el imperativo legal establecido por la normativa estatal debe estar complementado por una línea de ayudas económicas estatales, que tenga en cuenta la entrada en vigor del la obligatoriedad de las ITE y que trate de corregir situaciones derivadas de la coyuntura económica actual, como el hecho de que el propietario cuente con escasos recursos económicos, y que el inmueble afectado sea su vivienda habitual”.
Para el PA son esas circunstancias las que deberían ser tenidas en cuentas por el Ministerio de Vivienda a la hora de otorgar alguna subvención para cubrir los gastos derivados de la inspección.