La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha reclamado a la parte socialista del Gobierno que la prórroga del 'escudo social', que se tratará en el próximo Consejo de Ministrios dado que la vigencia actual expira el 31 de octubre, sea "completa y hasta que sea necesario".
Fuentes de su departamento han explicado que, de esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu en el Congreso de mantener estas medidas "hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente".
De esta forma, se debe extender la suspensión de desahucios para población vulnerable sin alternativa habitacional, así como la prohibición de corte de suministros (que incluye energía eléctrica, gas natural y agua), la consideración de consumidor vulnerable y las medidas urgentes contra violencia de género (manteniendo como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género).
Ayer, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confirmó que, entre las "intenciones del Gobierno, se encuentra proceder a la prórroga de ese 'escudo social', o de esas medidas, en el próximo Consejo de Ministros".
El Ejecutivo aprobó el pasado 3 de agosto su ampliación hasta el 31 de octubre de las actuaciones antidesahucios, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de los cortes la luz, el agua y el gas.
También figuraban las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor --persona física con más de diez viviendas--, podrá solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.
Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.
