La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 entra en vigor este domingo, 1 de enero, tras su publicación el pasado fin de semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que ese día se harán efectivas las terceras y últimas cuentas públicas de esta legislatura.
El BOE publicó el pasado 24 de diciembre la Ley de Presupuestos de 2023, un documento de 864 páginas, después de que las nuevas cuentas superaran el pasado 20 de diciembre su trámite decisivo en el Senado y lograsen el respaldo por amplia mayoría de las Cortes Generales.
De esta forma, España contará desde este domingo con unos nuevos Presupuestos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, tal y como marca la ley y se había propuesto el Gobierno, por lo que serán las terceras cuentas que el Ejecutivo saca adelante en tiempo y forma, pese a no contar con mayoría parlamentaria.
Las que serán las cuentas más expansivas de la democracia española contemplan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC (8,5%), más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados en un contexto marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania y la escalada de precios.
El límite de gasto no financiero para 2023, conocido como 'techo de gasto', asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al de 2022, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado. El déficit se situará en el 3,9% del PIB.
Por su parte, las comunidades autónomas recibirán una cifra récord de 135.274 millones de euros, lo que representa un aumento del 24%; al tiempo que los ayuntamientos dispondrán de 23.235 millones de euros, un 5% más.
Lo que no incluyen las cuentas públicas son las medidas recogidas en el tercer paquete aprobado recientemente por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, salvo la bonificación al transporte de Renfe, Cercanías y Rodalies, que se extenderá a todo 2023.
No obstante, el Gobierno ya comunicó que los Presupuestos tienen holgura suficiente para hacer frente al gasto extra de 10.000 millones de euros que supone el paquete de medidas aprobado esta semana por el Ejecutivo.
Con estas cuentas, los funcionarios verán crecer su retribución un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Así, recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023, de acuerdo con lo acordado con los sindicatos CCOO y UGT.
De su lado, las cuentas del próximo año harán frente también a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC interanual del mes de noviembre, del 8,5%, lo que supondrá un esfuerzo presupuestario importante con un coste de 13.600 millones.
Asimismo, las medidas para el acceso a la vivienda aumentan un 5,4%, hasta los 3.472 millones de euros y se consolida el bono de alquiler joven con 200 millones de euros más.
Los nuevos Presupuestos incorporan un paquete fiscal que incluye la rebaja del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos, la rebaja del 25% al 23% del tipo del impuesto sobre sociedades a las entidades que tengan un importe de la cifra de negocios inferior a un millón de euros o la subida del mínimo exento de tributación en el IRPF de 14.000 a 15.000 euros.
También pasarán a tributar al tipo impositivo reducido del 4% los tampones, compresas, protegeslips, al tratarse de productos de primera necesidad inherentes a la condición femenina, así como los preservativos y otros anticonceptivos no medicinales.
Además, en el plan presupuestario remitido a Bruselas se refleja el impacto de los nuevos impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas que ya han entrado en vigor para gravar ya el ejercicio 2022 y empezar a recaudar en 2023.
Las cuentas públicas de 2023 se basan en un cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento de la economía española del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023, en ambos casos un crecimiento por encima de la media de la zona euro y de las grandes economías comunitarias.
En cualquier caso, desde el Ejecutivo ya vaticinan que el crecimiento de 2022 acabará siendo superior al 5%, a la luz de los datos de Contabilidad Nacional que ha ido revisando al alza el Instituto Nacional de Estadística.
Por el lado del déficit público, el Ejecutivo estima que se situará en el 3,9% en 2023, lo que supone una reducción del 60% respecto al alcanzado en 2020 con el estallido de la pandemia y una caída de 1,1 puntos respecto al previsto para 2022 (5%). También recoge una reducción de la deuda pública del 115,2% en 2022 al 112,4% en 2023.
El Gobierno anticipa un impacto positivo que el Plan de Recuperación en el crecimiento económico que, junto con la adenda recientemente presentada, permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.
El Plan Presupuestario de 2023 enviado por el Gobierno a la Comisión Europea contempla, por primera vez en la historia, dos posibles escenarios de ingresos y gastos debido al "contexto de elevada incertidumbre" como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que tiene "un significativo impacto económico mediante una elevada inflación".
El segundo escenario contempla una recaudación mayor en unos 10.500 millones de la inicialmente estimada para dar margen a las medidas anticrisis que finalmente ha decido adoptar el Ejecutivo y que tienen un coste de 10.000 millones.
Así, en el escenario 1, el más conservador, prevén que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3% del PIB, ascendiendo a 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Los impuestos alcanzarán los 344.627 millones, lo que supone un 7,6% más respecto a 2022.
Por su parte en el segundo escenario para 2023 --que parece ser por el finalmente ha adoptado el Ejecutivo tras confirmarse la aprobación del tercer paquete de medidas anticrisis a finales de diciembre-- se prevé que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supongan un 43% del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional.
En este segundo escenario, los impuestos alcanzarán los 354.283 millones de euros, lo que supone un 7% más respecto a 2022, pero implicaría una ralentización de 5 puntos respecto a la estimación de crecimiento para el presente ejercicio.
Ese menor crecimiento de los ingresos tributarios se explicaría por la prórroga para 2023 de las medidas de rebajas fiscales en materia energética que se contemplan en este escenario. No obstante, cabe señalar que, en principio, el Gobierno ha previsto la extensión de estas rebajas fiscales solo durante el primer semestre del año.
