El alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, admitió ayer que Cajasol tendría derecho a pedir una indemnización si finalmente el Consistorio decidiera paralizar las obras del rascacielos sin causa legal, es decir sin mediación ni orden de ningún tribunal, a la par que señaló que “el Ayuntamiento no tiene dinero para pagarla”.
Confiado en que la promotora del rascacielos “no va a poner en riesgo” que los tres bienes patrimoniales de la ciudad pierdan su catalogación por la Unesco, Zoido volvió a pedir ayuda a la Junta, al Ministerio de Cultura y a Cajasol para “salvaguardar los derechos de todos”.
“Me tienen que ayudar el resto de administraciones y la promotora porque no quiero hacer una medida arbitraria como la paralización de la torre sin causa legal, pero tampoco quiero pasar -a la historia- como el alcalde de Sevilla que permitió que su zona patrimonial perdiera ese carácter”, señaló ayer el alcalde.
Así las cosas, Zoido admitió que las arcas del Ayuntamiento no podrían sufragar la compensación, pero sigue sin especificar cuál sería la cuantía a pagar a la caja si se tomara esta “medida arbitraria”.
¿Habría que pagar?
El presidente de Ayesa -ingeniería encargada de los trabajos de la torre-, José Luis Manzanares, señaló que la cuantía a abonar a Cajasol si se llega a este extremo sería la correspondiente a lo que la entidad financiera llevara ya invertido en la torre.
Pero para la plataforma en contra del edificio, Túmbala, esta cifra es “desorbitada” e incluso sostiene que el Consistorio “no tendría que indemnizar a Cajasol si se paralizan las obras y se deja la torre tal y como está ahora -con 17 plantas-”.
“Éste no es un caso como el de la bliblioteca del Prado en el que no se llegó a construir nada. Cajasol podría compensar los metros perdidos en altura -en torno a 19.000, correspondientes a las 26 plantas restantes- distribuyéndolos por el resto de los 41.000 metros cuadrados de la parcela”, señaló a Viva Sevilla José García Tapial, exjefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento, que también explicó que de esta manera la caja no podría alegar ante un tribunal “pérdida de lucro cesante”, al haber terreno de sobra para “materializar la edificabilidad perdida en otro lugar”.
Para García Tapial, la única indemnización que se podría admitir a Cajasol es la que ésta pidiera “por los gastos que surgieran tras el estudio, por parte de sus técnicos, de la nueva ubicación alternativa de la edificabilidad restante”. “Y aún así -continúa- se tendrían que volver a cuantificar estos gastos, una cantidad más asequible y que jamás llegaría a los 200 millones”.
Cultura aún espera el informe y “confía” en cumplir los plazos con la Unesco
El Ministerio de Cultura “espera y confía” en recibir hoy el informe del Ayuntamiento acerca del estado de conservación de los tres bienes patrimoniales de la ciudad, así como de su relación con la Torre Pelli, “para poder cumplir los plazos con la Unesco”.
Así, lo señalaron ayer a esta publicación fuentes de la Secretaría de Estado del Ministerio de Cultura, en relación con el informe que España debe entregar a la Unesco, cuya fecha límite expira hoy mismo (1 de febrero), y que ayer no habían recibido.
“Es el Consistorio hispalense quien debe elaborar dicho documento como órgano gestor competente de los bienes, ya que el Ministerio, cuya misión es de interlocutor con la Unesco, sólo tiene que remitir dicho informe y no escribirlo”, señalaron estas misma fuentes. “Estamos muy pendientes de que se reciba ese documento y, por tiempo, habría que decidir si se revisa o no”, añadieron.Por su parte, el Ayuntamiento no facilitó ninguna información al respecto.
Los empresarios alertan de “pérdida de fiabilidad” si se paralizan las obras
El presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES), Antonio Galadí, alertó ayer de que Sevilla arriesga perder su “fiabilidad y credibilidad” ante los inversores, además de “su más destacado filón económico”, si se paralizan las obras.
El PSOE señala que la “seguridad jurídica” de la torre sólo depende de de Zoido
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, considera “inaudito” que, mientras hay personas “cuyo puesto de trabajo depende de la continuidad” de la Torre Cajasol, el alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, “mire a un lado y otro en espera de una seguridad jurídica que sólo depende de él como máximo responsable municipal”.
Espadas respondió con estas declaraciones al alcalde, que ayer señaló que “la Junta de Andalucía es quien tiene la responsabilidad última de aprobar las normas y no puede mirar a otro lado, por lo que pidió “esfuerzo” de cooperación institucional y “tiempo” para solucionar el conflicto de la Torre Pelli.
Así Espadas también destacó el hecho de que el alcalde pidiera ayuda fuera de la ciudad (estaba en Madrid) “cuando el viernes pasado se negó a coger el aval de los otros dos grupos políticos del Ayuntamiento”.
‘The Guardian’ se hace eco de la polémica con el rascacielos
El diario británico The Guardian, uno de los máximos referentes del periodismo en Gran Bretaña e incluso en el mundo, se ha hecho eco del intenso debate suscitado en Sevilla a cuenta de la torre.En concreto, y según un artículo publicado al menos en su edición digital, este medio dedicó una extensa noticia completa a este asunto el día 20 de enero, precisamente cuando trascendió el contenido del informe redactado por Icomos. “La categoría de Sevilla en la Unesco, amenazada por una torre de 600 pies”, titulaba el autor del artículo.