La Diputación de León reclamaba a Montserrat Triana M.G, la hija de la asesina confesa de Isabel Carrasco, un total de 6.583 euros que percibió "indebidamente" en sus nóminas al haber cobrado en su totalidad el complemento específico del puesto de ingeniera de Telecomunicaciones en la institución provincial que compatibilizó con el ejercicio de actividades profesionales privadas.
Así consta en el informe que ha emitido este jueves el jefe del departamento de Recursos Humanos de la Diputación de León sobre la vinculación laboral de Montserrat Triana M.G. con la institución provincial y que ha sido recogido por Europa Press.
En este informe sobre la vinculación laboral de la hija de la autora confesa de la muerte de Isabel Carrasco con la Diputación de León se recoge que el juicio previsto por la reclamación de este dinero está previsto que se celebre el próximo mes de julio.
La relación laboral de Montserrat Triana M.G.con la Diputación comenzó en mayo de 2007, después de que se crease en diciembre de 2007 una plaza-puesto de ingeniero de Telecomunicaciones, adscrito al área de Fomento de la institución provincial, y de que fuese la joven la que obtuviese la mayor puntuación de los aspirantes a este puesto.
Montserrat Triana M.G. fue nombrada el 14 de mayo de 2007 funcionaria interina de la Diputación con efectos desde el 1 de junio y sus retribuciones anuales brutas fueron de 33.015 euros en 2007; 33.946 en 2008; 34.921 euros en 2009; 33.908 euros en 2010 y 33.953 euros en 2011, a lo que hay que añadir unos 10.800 euros del coste de la Seguridad Social para la institución.
El puesto ocupado por la joven estaba adscrito inicialmente al área de Fomento pero el 30 de marzo de 2011, por acuerdo del Pleno de la Diputación, quedó adscrito a Presidencia y Servicios Generales.
Fue en diciembre de 2009 cuando se convoca oposición libre para cubrir en propiedad como funcionario de carreras el puesto de ingeniero de Telecomunicaciones y se constituyó el tribunal de evaluación, al que una de las vocales presentó su abstención al alegar que tenía una relación de amistad con Montserrat Triana M.G, tras lo que el 28 de octubre de 2010 se publicó la lista de aspirantes.
En marzo de 2011 se publicó la puntuación obtenidas por los aspirante y tan sólo Javier C.M. pasó el primer examen, el test de conocimientos, mientras que el resto de los opositores no alcanzó la puntuación mínima exigible de 5,00, mientras que Montserrat Triana M.G. obtuvo un 2,275. Aún así, la joven pidió ver el examen del único aspirante que superó el primer examen, lo que se le facilitó desde la institución provincial.
Javier C.M tomó posesión de su cargo el 4 de abril de 2011 mientras un decreto de Presidencia de ese mismo día cesó a Montserrat Triana M.G. como funcionaria interina, tras lo que no consta en la institución provincial ninguna reclamación al respecto de la joven.
No obstante, si interpuso recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Presidencia por el que se aprobó la liquidación de las cantidades adeudadas por Montserra Triana M.G, que ascendían a 11.046,78 euros, en concepto "de cantidades indebidamente percibidas" en sus nóminas al compatibilizar su puesto en la Diputación con trabajos privados.
En noviembre de 2012, el juzgado Contencioso-Administrativo 2 de León estima el recurso de la joven ya que la sentencia recoge que el error en la elaboración de las nóminas, al ser reiterado, se convirtió en "una acto declarativo de Derechos y la Diputación debió de acudir al procedimiento de declaración de lesividad y no a la concurrencia de un mero error aritmético".
Ante esta sentencia, el 4 de febrero de 2013 se inicia por decreto de la Presidencia de la Diputación un expediente de declaración de lesividad de los actos administrativos sobre las retribuciones mensuales de la joven "en cuento perjudican el interés provincial" y fue el 2 de septiembre de 2013 cuando la institución provincial interpuso en el Juzgado Contencioso-Administrativo una reclamación por importe de 6.583,80 euros a Montserrat Triana M.G.
Esta cantidad se debe a que se considera prescrita la diferencia entre esta cifra y los 11.046,78 euros inicialmente reclamados por la Diputación. La vista para este procedimiento contencioso-administrativo está prevista para el próximo mes de julio.
