El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha manifestado que se teme que "ninguna evaluación de impacto ambiental puede garantizar la absoluta inocuidad del fracking en una comunidad autónoma como Cantabria", una región que ha comparado con "un queso gruyere" ya que su subsuelo tiene miles de cavidades conectadas muchas de ellas entre sí y algunas que se extienden a lo largo de más de 100 kilómetros.
"Me temo que ninguna evaluación de impacto ambiental puede garantizar la absoluta inocuidad del fracking en una comunidad autónoma como Cantabria", ha sido la afirmación con la que Diego ha concluido este miércoles su intervención en la inauguración del curso 'Evaluación ambiental de los proyectos de fracking en España' que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
El presidente regional ha apuntado muchos de los elementos en los que se ha basado el Gobierno de Cantabria para insistir en la prohibición del uso de esta técnica en la Comunidad Autónoma, algo en lo que seguirá ahondando en colaboración con los ayuntamientos de la región y a pesar de que la Ley cántabra contra el fracking haya sido declarada inconstitucional.
En este sentido, Diego se ha referido a la declaración institucional firmada el pasado jueves por el Ejecutivo regional y más de 90 de los 102 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma contra el fracking, un acuerdo que, ha dicho, ya se ha trasladado al Gobierno del Estado y se va remitir también a las empresas que tienen intención de utilizar esta técnica en Cantabria para que conozcan "el sentir" de los ciudadanos cántabros.
Precisamente, la "corriente de convicción" que hay entre los ciudadanos de Cantabria contra la fractura hidráulica, que es "muy mayoritaria", es uno de los muchos motivos sopesados por el Ejecutivo regional para persistir en que esta técnica no se use en la Comunidad Autónoma.
"En la medida de lo posible los gobiernos siempre tienen que ser sensibles también a lo que piensan y sienten los ciudadanos", ha dicho Diego, que ha añadido que este sentir ciudadano y las singularidades paisajísticas, hidrogeológicas y socioeconómicas de Cantabria llevaron al Gobierno a tomar la "no fácil" decisión de oponerse al fracking.
"DECISIÓN RESPONSABLE, FUNDADA Y NADA VELEIDOSA"
"Una decisión que me gustaría que se considerara como responsable, fundada y nada veleidosa, que atiende a la consideración de todas las opiniones que hemos podido recabar al respecto -informes de técnicos y expertos tanto a favor como en contra-- y que respeta todas las opiniones que hay en relación con esta materia, pero al final nos tocaba tomar una decisión", ha explicado el presidente.
La decisión fue prohibir la práctica de la fractura hidráulica en la región, una decisión con la que "no quisimos mirar hacia otro sitio, sino afrontar el problema con todas las consecuencias que ello conlleva", ha aseverado Diego, que ha recordado que esa decisión se materializó en la elaboración de la Ley cántabra contra el fracking y su aprobación en el Parlamento de Cantabria.
En este punto, el presidente regional ha expresado su "respeto" a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado esta Ley, pero ha asegurado que el Gobierno regional "sigue opinando igual" y continuará oponiéndose a esta técnica y lo hará "apoyándose en la Ley del Suelo de Cantabria", herramienta que conjugará con Planes Generales de Ordenación Urbana de los 102 ayuntamientos para impedir el uso del fracking en la región.
"La fractura hidráulica quizá, y tengo dudas, se pueda llevar a cabo desde la inocuidad en otros territorios que no tengan las características de Cantabria", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "en nuestra tierra los riesgos se multiplican debido a sus peculiaridades".
POLÍTICA NACIONAL "ACERTADA Y RESPETABLE"
No obstante, Diego ha indicado que "comparte" la política nacional al respecto, una política que "tiene a reducir en los posible la dependencia energética de España" y en "buscar aprovisionamientos energéticos que sean lo menos costosos posibles y que hagan de España una nación más competitiva".
A este respecto, el presidente de Cantabria (PP) ha considerado que las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado para alcanzar este objetivo "siempre loable" de buscar la "mayor independencia energética" son "siempre acertadas y muy respetables".
Pero, las "singularidades" de Cantabria hacen que el Ejecutivo regional se haya enfrentado a esta "polémica" técnica oponiéndose a su uso porque, a pesar de apoyar la política nacional, cree que las consecuencias de su utilización en el suelo de la Comunidad Autónoma puede "multiplicar sus riesgos".
Y es que, ha señalado Diego, hay muchos informes de expertos que son favorables a esta técnica, pero también hay muchos otros que alertan de que ésta puede generar "problemas de salud pública, en el paisaje o de contaminación hidrológica". "Hay quienes avalan ya la inocuidad de esta técnica pero, por el contrario, hay quienes abundan en la visión negativa", ha apostillado.
En la inauguración de este curso también han intervenido el rector de la UIMP, César Nombela, y el presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, Iñigo M. Sobrini.
