La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen "datos suficientes" de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo, por lo que considera que fue "adecuada y razonable" la fianza de 18 millones que se le fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal madrileño desestima el recurso que el exvicepresidente del Gobierno interpuso contra esta medida cautelar dictada por el instructor Antonio Serrano-Arnal el pasado mayo, a la que tachaba de "excesiva y desproporcionada" y criticaba que incluyera conceptos como el pago de la multa que en su día se le pueda imponer.
Sin embargo, los tres magistrados de la Sección 23 de la Audiencia aluden a la "complejidad del asunto", derivada del entramado de sociedades mercantiles "dirigidas y gestionadas directa o indirectamente" por él y "de los numerosos terceros que han podido intervenir y tener participación" en esa red.
Así, aunque reconocen la "insipiencia de la investigación", subrayan que "existen datos suficientes como para que el denunciado hubiera podido incurrir en la supuesta comisión" de uno o varios delitos fiscales y otro de blanqueo, no así el de alzamiento que, recuerdan, ya ha descartado la Fiscalía Anticorrupción.
Serrano-Arnal, admiten, "adoptó una serie de medidas muy restrictivas de los derechos del denunciado", como fue el bloqueo de todos sus bienes y patrimonio conocido y la prohibición de usarlo, pero la medida y su cuantificación fue "adecuada y prudente".
"Estas limitaciones en el orden civil", relata el auto, "respondían como no podía ser de otra forma a la finalidad, no solo de garantizar" las posibles responsabilidades derivadas de la comisión de estos delitos, sino también la de "preservar su patrimonio "para que estuviera disponible en todo momento".
No obstante, pese a que abren la puerta a que la cuantía pueda ser modificada, tanto al alza como a la baja, según avance el caso, creen que procede mantenerla a la luz de los datos contenidos en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que precipitó el caso y, que incluía, además de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, el de alzamiento.
Un informe del que ayer se desvinculó la inspectora jefe de la Onif, Margarita García-Valdecasas, durante su declaración como testigo, en la que aseguró que ese informe se trataba de "una denuncia temprana por posibles riesgos" y que ella no podía ratificar porque no fue su autora.
Tras su testifical, el juez, que hasta la fecha solo ha visto "perfilado" el delito fiscal, procedió a convocar para mañana al ex director gerente del FMI "a fin de ser oído en calidad de encausado por los hechos que motivan la instrucción", sin imputarle ningún delito en concreto.
En su informe, la Onif explicaba las razones que llevaron a pedir la detención de Rato el pasado 16 de abril y la entrada y registro en su domicilio y su despacho.
Los inspectores sospechan que el exbanquero incurrió en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.
"Rodrigo Rato tiene por sí mismo o a través de sociedades un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales, por haberlo sido anteriormente o por tener severas restricciones en el acceso a la información bancaria", relataba también el escrito.
Por ello le achacaban un posible delito de blanqueo de capitales y de despatrimonialización de determinadas sociedades durante los años 2014 y 2015 y de donaciones a sus hijos, supuestamente para evitar el pago de las fianzas del caso "Bankia" y el de las tarjetas opacas. EFE
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