El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reclamado a las empresas Inet Inst y Securitas Direct España "toda la documentación que obra en su poder" sobre el reparto y mantenimiento de los ordenadores que se usaron en la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Civil y Penal del TSJC ha aceptado estas diligencias pedidas por Manos Limpias --acusación popular en el caso-- al considerarlas "útiles y pertinentes" para contribuir a esclarecer la implicación de la Generalitat en la consulta tras el veto del Tribunal Constitucional (TC).
El tribunal mantiene imputados en esta causa al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; a la exvicepresidenta Joana Ortega, y a la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, por un presunto delito de desobediencia a la resolución del TC.
También ha aceptado pedir a la empresa Akamai Technologies Spain que aporte copia exacta o imagen del 'hosting' --alojamiento web-- donde se halle el proyecto de la página web 'participa2014.cat', utilizada en la consulta, y que incluya los archivos de entrada y manipulación del 'hosting', y del listado de entradas y salidas sobre el perfil de usuario vinculado al administrador.
A la empresa 10Dencehispahard ha solicitado documentación sobre la contratación o modificación de los servicios del dominio de esta página web, así como el listado de entradas y salidas sobre el perfil de usuario vinculado al administrador que posea el dominio de la misma.
Sin embargo, el tribunal ha rechazado, por el momento, la petición de Manos Limpias de citar como testigos a los representantes de estas empresas, al menos hasta que puedan examinar esta documentación; luego el TSJC decidirá si citarlos.
OTRAS DILIGENCIAS
El tribunal no ha aceptado la pretensión de la acusación popular de llamar a declarar como testigos a tres directores de instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y a un coordinador de directores de instituto del mismo municipio al considerlo "impertinente".
Lo justifica porque en la causa ya consta la forma en que los directores de instituto fueron convocados a una reunión el 16 de octubre de 2014 en la sede de la Conselleria de Enseñanza presidida por la directora de Servicios Territoriales, además de que otros testigos que ya han relatado cómo se impartieron las instrucciones, sostiene el tribunal.
