La Audiencia Nacional ha ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado por la familia Carceller y la Fiscalía a principios de esta semana, y que permite a los acusados evitar la prisión a cambio de pagar una multa de más de 92 millones de euros a Hacienda.
Durante la vista celebrada hoy, tanto el empresario catalán Demetrio Carceller Coll, como su hijo Demetrio Carceller Arce, -actual presidente de la cervecera Damm-; su hombre de confianza, José Luis Serrano, y su asesor, Gabriel Ignacio Pretus, han reconocido los hechos y han aceptado las penas acordadas.
La Fiscalía les acusaba de varios delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, aunque este último cargo acabó por ser desestimado.
De acuerdo con el comunicado divulgado por la Fiscalía, Carceller Coll -que llegó a la Audiencia en ambulancia y ha comparecido ante el tribunal en silla de ruedas- fue finalmente condenado como autor de trece delitos contra la Hacienda Pública, tres de ellos agravados, cometidos entre 2003 y 2009.
Su hijo fue condenado como "cooperador necesario" en cuatro de estos delitos; Pretus, por los trece delitos, y José Luis Serrano, por doce de ellos.
Las partes han aceptado que el total defraudado al erario público ascendía a 24,68 millones de euros, a los que se suman otros 12 millones por los intereses.
A estas cantidades se suman otros 55,65 millones de euros en concepto de multa.
La propia Fiscalía ha destacado que éste ha sido "uno de los casos de mayor importe de fraude fiscal cometido en España por omisión de pago de impuestos correspondientes a una sola persona física" en los que se utilizara para defraudar la "deslocalización de su residencia".
A Carceller Coll y al resto de los acusados también se les ha impuesto penas de prisión, aunque como todas ellas son inferiores a un año y han devuelto el dinero han sido sustituidas por multas económicas, ya incluidas en la sanción referida anteriormente.
En un principio, la Fiscalía pedía para el empresario 48 años y medio de prisión y una multa de 310,8 millones de euros y para su hijo reclamaba 14 años de cárcel y 118 millones de euros de sanción.
Para José Luis Serrano Flórez solicitaba 19 años de prisión y 130 millones de euros y a Gabriel Ignacio Pretus, 42 años de cárcel y más de 230 millones.
El proceso arrancó en 2009 y la investigación "logró acreditar que Carceller Coll (...) era titular de un ingente patrimonio que tenía oculto tras diversas estructuras fiduciarias configuradas a través de sociedades radicadas en terceros países considerados como territorios 'off shore'", según ha detallado la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, pretendió a través de este esquema "ocultar" que era el propietario real de paquetes accionariales en compañías como Atlántica Petrogas, la canaria Disa Corporación Petrolífera, el grupo Damm o Renta Insular Canaria (Rincasa).
También consiguió probar que el empresario catalán residía realmente en España, cuando simulaba hacerlo en Portugal y Reino Unido, "con la finalidad de eludir el pago de sus obligaciones tributarias".
