El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado la cesión de una parcela municipal a la Fundación Vimpyca Entidad Benéfica de Construcción (EBC) para la creación de 125 Viviendas de Protección Pública (VPO), dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda a ciudadanos de la localidad.
Los terrenos, que forman parte del patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento de Estepona, tienen una superficie de 5.000 metros cuadrados y una edificabilidad de 10.000 metros cuadrados. Se encuentran en la zona de Juan Benítez, próximos al instituto Mar de Alborán.
En estos momentos, se está llevando a cabo, además, la obra de urbanización de este sector, que incluye la creación de viales y la dotación de servicios de suministro. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que con esta iniciativa se da cumplimiento a uno de los compromisos electorales y se contribuye, asimismo, a promover el acceso a la vivienda a personas y colectivos con mayores dificultades para ello.
El Ayuntamiento, además, está ultimando los trámites para la cesión de otra parcela municipal en esta zona de la ciudad para destinarla al mismo fin. La entidad deberá ejecutar la edificación de dichas viviendas.
Posteriormente, se pondrán a la venta para que las personas que cumplan los requisitos de demandante de viviendas de esta tipología puedan acceder a ellas. Para ello, todos los interesados en acceder a estas viviendas deberán estar inscritos en este registro municipal de demandantes de vivienda, que se encuentra en el Ayuntamiento de Estepona, en el edificio Puertosol.
Entre las medidas sociales en materia de vivienda, han recordado desde el Consistorio que el equipo de gobierno creó un fondo social pionero para adecuar viviendas a vecinos con escasos recursos económicos. "Con la puesta en marcha de esta medida social se favorece la solución de los problemas de salubridad, vulnerabilidad y habitabilidad de aquellos domicilios de personas con dificultades económicas", han resaltado.
Asimismo, el Consistorio tiene una partida para Ayudas de Emergencia Social y un acuerdo con la concesionaria del servicio de agua para evitar cortes del suministro a las personas que no pueden abonar el recibo.
