El sector de Educación del sindicato CSIF ha reclamado a la Junta de Andalucía que extienda la instalación de purificadores y medidores de la calidad del aire en las aulas de todos los centros educativos públicos, facilite mascarillas FFP2 al conjunto del profesorado y realice test de antígenos semanalmente. Con esta batería de medidas, que aún no ha tomado la Administración educativa, se cumpliría el deber de protección de los trabajadores recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según un sondeo realizado por el sindicato, que ha contado con la participación de docentes de la provincia de Huelva, el 83,8% de los participantes dice que no dispone de purificadores en sus aulas y el 86,1% no cuenta con medidores de CO2. Por otra parte, el 83,38% de los encuestados considera positivo la instalación de estos dispositivos como medida preventiva frente a la Covid-19.
El sindicato lleva más de un año reclamando que la Junta provea de medidores de la calidad del aire y de purificadores y los haga extensibles a todos los centros educativos públicos. “A raíz de la campaña iniciada por CSIF bajo el lema #CSIFxAulaSegura, hubo corporaciones locales que respondieron positivamente y adquirieron este tipo de aparatos. Pero esta cuestión no puede dejarse al arbitrio o voluntariedad de unos y otros, sino que debe tratarse de medidas generalizadas y universales de protección en todos y cada uno de los centros frente a la Covid-19”, se ha argumentado desde el sector de Educación.
El sindicato ha lamentado además que “ante las consultas realizadas por los equipos directivos para su adquisición, desde la Delegación territorial de Educación se han puesto todas las reticencias y los obstáculos posibles para que estos equipos, cuya eficacia ha sido constatada científicamente, se adquirieran y sufraguen a iniciativa de las asociaciones de madres y padres, o bien a cargo de los gastos de funcionamiento de los propios centros”.
La central sindical entiende que “la prevención en el actual contexto pandémico debe contemplarse como una inversión y no un gasto superfluo, por lo que exigimos los medios materiales necesarios para que verdaderamente sea una realidad el mantra de que los centros educativos son espacios seguros, porque a día de hoy los recursos que serían necesarios para ello son insuficientes y el profesorado sondeado manifiesta sentirse, en muchos casos, abandonado”.
Así se recoge en los testimonios que los docentes han aportado al mencionado sondeo, en los que los profesionales de la enseñanza dicen sentirse “vendidos” y “abandonados” por parte de la Administración, que “ante una situación en la que hay alumnado y profesorado positivo cada día por una variante mucho más contagiosa no haya tomado más medidas efectivas e intensificado la seguridad a través de medios materiales de probada eficacia, y con los que las aulas y los docentes no cuentan en muchísimos casos”, ha manifestado CSIF.
Según ha constatado la central sindical en muchos edificios u oficinas de la Administración pública se encuentran actualmente de forma habitual purificadores de aire, por lo que desde “exigimos que se extiendan y universalicen en los centros escolares”.
El coste económico no puede ser un obstáculo
Para el sindicato, “el coste económico no puede ser un obstáculo para dotar de mayores garantías de seguridad a centros educativos”. Asimismo, exige el suministro generalizado de mascarillas FFP2 o FFP3, cuya mayor eficacia en la protección contra la propagación del virus entre las personas en espacios cerrados también ha quedado demostrada científicamente”.
Del mismo modo, CSIF reclama la realización de test entre alumnado y profesorado con periodicidad semanal como medida preventiva y de contención del virus. Sin embargo, “la provisión de medios materiales por parte de la Administración se ha centrado hasta ahora en cartelería informativa, geles y mascarillas quirúrgicas”.
Finalmente, la central sindical ha insistido en que “la Administración puede y debe, por Ley, hacer más en cuanto a dotación de medios materiales para prevenir y proveer de unas mayores garantías de seguridad a los centros educativos públicos, concretamente a través de purificadores y medidores de la calidad del aire, mascarillas de protección FFP2 o FFP3 para el profesorado y test periódicos en los centros”.
La central sindical cree que “la prevención es una inversión en seguridad y salud” y que son necesarios más medios “para que sea real el mantra de que los centros educativos son espacios seguros”.
