El 7 de diciembre de 2007 el Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de Ordenación Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa; seis años después todo sigue como entonces, nada está regulado y aunque parece que el final está cerca la falta de consenso sigue imperando.
El pasado 6 de septiembre, después de un largo período de redacción y respuesta a las más de 4.000 alegaciones recibidas al borrador inicial del plan, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente daba por concluida la redacción del documento y lo remitía al Consejo de Participación de Doñana para que lo estudie y emita el preceptivo informe.
En su redacción, el documento afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y, según la Junta de Andalucía, viene a resolver los graves problemas planteados en la gestión y regulación de los recursos hídricos para los terrenos agrícolas en regadío del ámbito.
Sin embargo, no es esto lo que consideran los grupos ecologistas que se oponen a este documento al entender que supone "una amnistía" al uso ilegal del agua en la zona del entorno de Doñana con el consiguiente perjuicio para el acuífero 27, que nutre de agua al Espacio Natural y que es el principal damnificado de los cerca de 800 pozos ilegales identificados en este lugar.
En este sentido, desde Ecologistas en Acción se considera que esta extracción "ilegal y masiva" de agua en Doñana está desecando las lagunas peridunares, la marisma y, en definitiva, destruyendo el acuífero que alimenta al Espacio Natural por lo que consideran necesaria dicha ordenación pero "acorde" con la realidad del recinto y primando su preservación y conservación, algo que "no se realiza con el documento presentado".
Por su parte, desde WWF también se ha rechazado el actual plan, que considera "no sirve a los objetivos iniciales planteados" que suponía el respeto a los recursos naturales y la creación de corredores ecológicos, tal y como recogían las exigencias del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) del 2004.
En opinión de esta organización, "la presión de los ayuntamientos y los agricultores de la zona han acabado con el esfuerzo inicial de redacción del plan" por ello se oponen a que el documento, tal y como está, se remita al pleno del Consejo de Participación de Doñana que se celebrará este mes o en uno extraordinario en enero, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.
Además, tanto desde una organización como desde la otra, se critica el hecho de que el documento presentado por la Junta de Andalucía pretenda descatalogar 2.000 hectáreas de monte público transformadas "sin permiso" en regadíos y pedir a la Administración del Estado que "ignore que 4.000 hectáreas continúan regando de pozos ilegales".
Por su parte, los regantes de Doñana, según el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Ángel Gorostidi, considera que es necesario que la Junta de Andalucía apruebe ese plan pero "no a costa de lo que sea", pues ha de ser "totalmente acorde a las realidades existentes".
Ha explicado que tal y como está redactado inicialmente quedarían sin regularizar unas 1.300 hectáreas de regadío que "supondrían la pérdida de unos 14.000 puestos de trabajo".
Posturas contrapuestas, detractores y ningún seguidor convencido hace que después de seis años la ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, que vendrían a dar seguridad jurídica a los agricultores de la zona y, al mismo tiempo, a preservar las masas de aguas necesarias para que el Espacio Natural de Doñana preserve sus valores ecológicos y su biodiversidad, no sea aún una realidad.
Y, a pesar de que su aprobación esté más cerca que lejos, lo cierto es que, tal y como se pronuncian de un lado y otro, el documento final no terminará por convencer, ni dar respuestas satisfactorias al cien por cien ni a unos ni a otros.