El empresario onubense A.M.R., denunciado por la UGT por no pagar a un centenar de inmigrantes búlgaros que estuvieron atrapados en su finca tres meses, ha asegurado que no ha podido cumplir con el compromiso de pago al que llegó con los trabajadores "por problemas de liquidez".
La UGT denunció en el Juzgado de lo Social a A.M.R., que tiene una empresa agrícola en Cartaya, por no abonar la deuda reconocida a los más de cien temporeros búlgaros que tuvieron que permanecer en su finca durante tres meses al término de la pasada campaña al no contar con recursos para volver a su país.
El pasado julio, empresario y temporeros alcanzaron un acuerdo por el cual aquél les sufragó el regreso a sus localidades de origen en autobús y les reconocía una deuda salarial de unos 200.000 euros que se comprometió a abonar en cuatro meses.
Pasado este tiempo, según ha explicado a Efe el secretario general de la Fitag UGT en Huelva, Luciano Gómez, el empresario "no ha hecho efectivos los pagos, sigue adeudándoles la misma cantidad, por lo que se ha decidido interponer la correspondiente denuncia judicial".
En declaraciones a Efe, el empresario ha sostenido que está en contacto directamente con Luciano Gómez "que no me ha dicho que fuese a tomar acciones", y ha sostenido que "es un problema de liquidez, y los plazos se cumplirían siempre y cuando la empresa tuviese liquidez, pero no es así".
Ha sostenido que llegó al citado acuerdo con los trabajadores en función del dinero que obtuviese la empresa, pero no ha podido cumplirlos de momento.
Preguntado sobre la posibilidad de que liquide la deuda antes de iniciarse la recogida de la fresa, antes del próximo marzo, ha sostenido que "depende de la liquidez de la empresa para poder cumplirlo".
Por su parte, el responsable de la Fitag UGT en Huelva ha apuntado que el empresario iba a hacer frente al pago de estos salarios pendientes tras entrar su empresa en concurso de acreedores, sin embargo, "no se ha puesto en contacto con los abogados del sindicato y ha pasado el plazo fijado sin que se haya obtenido respuesta alguna".
El empresario fue detenido en junio por la Guardia Civil después de que los temporeros lo denunciaran y se le imputó un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los inmigrantes denunciaron entonces tras comenzar a trabajar para su empresa en septiembre del 2012 que sólo cobraron algunas mensualidades y anticipos de entre 50 y 100 euros.
