El fiscal del Gobierno de Gibraltar solicitó ayer la exclusión del Reino Unido como parte en el proceso judicial que se reabre hoy sobre la edad de consentimiento sexual para los homosexuales en el Peñón. La legislación de Gibraltar establece la edad mínima para consentir las relaciones en 16 años para los heterosexuales, mientras que se eleva a 18 en el caso de los homosexuales.

El presidente de Gibraltar Gay Rights, Félix Álvarez, explicó que el Ejecutivo gibraltareño ha alegado que se trata de un asunto de carácter interno y, por lo tanto, de su competencia exclusiva según su Constitución.
“Es un argumento muy débil y tanto Reino Unido como la asociación a la que pertenezco contamos con la legislación internacional sobre derechos humanos a nuestro favor”, indicó Álvarez.

El juez también dejó el pronunciamiento sobre la participación de otras asociaciones y particulares que solicitó personarse en el proceso para la próxima vista. El juicio decidirá sobre si Gibraltar deberá o no acatar las decisiones internacionales que establecen la prohibición de discriminación por razón de la orientación sexual.

Álvarez destacó la petición de un particular que rechaza la constitucionalidad de la ley, aprobada el pasado 1 de noviembre por Gibraltar, que permite al Gobierno ser parte en un juicio sobre constitucionalidad.”Si el juez toma en consideración esta postura, la situación podría dar un giro radical”, afirmó Álvarez.

El presidente de GGR subrayó el “coste político” que podría tener una decisión adversa al Gobierno de Gibraltar para el ministro principal, Peter Caruana. “No sé si a Caruana le interesa seguir con este proceso ni si está sacando todo el beneficio político que pensaba obtener”, afirmó. Álvarez recordó que Caruana “está usando el dinero de los contribuyentes para seguir adelante con una campaña homófoba”.