La dirección de la Escuela Infantil La Casita ha roto su silencio cuando está a punto de cumplirse un mes de la detención de su directora por un presunto delito contra la integridad de los niños de los centros de La Cartuja y Olivar de Rivero. En todo este tiempo, mientras un grupo de padres, que roza la treintena, se ha organizado para personarse como acusación particular en el caso, en la guardería señalada se han remitido a su abogado y no han querido hacer declaraciones de lo ocurrido. Hasta ahora. En un comunicado, han decidido tomar partido “ante la alarma social” suscitada por la denuncia de una antigua trabajadora del centro que acusó a la responsable del establecimiento de presuntos malos tratos físicos y psíquicos aportando para sustentar su testimonio vídeos y, sobre todo, audios.
Pese a todo, desde el centro hacen un llamamiento a la tranquilidad, ya que aseguran que siguen funcionando “con normalidad” a pesar de la “dureza” de la situación al considerar que “estamos sometidos a un juicio popular” que no ven “nada justo”. Para su equipo de educadores, lo más grave es que “muchas personas no están respetando la presunción de inocencia de nuestra directora, que lleva más de treinta años de trayectoria intachable” y argumentan que, mucho más allá del daño que se le hace al nombre de la guardería “no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una persona y una familia sufriendo de manera que cuando se demuestre la verdad poco podrá hacerse con las secuelas emocionales que dejará todo este duro capítulo en la historia de La Casita”. Por ello, por parte del centro se espera que después de que todo se aclare “esperamos que el peso de la ley caiga sobre las calumnias vertidas y los implicados asuman sus responsabilidades”.
Por su parte, Rodrigo Tejero, el abogado que ejerce la defensa de la directora, considera que “los hechos descritos en la denuncia están exagerados, descontextualizados y malévolamente manipulados para sugestionar a quien los pueda leer; asimismo, el material videográfico carece de sustancia. La mayoría de las escenas que se muestran podrían pasar por escenas cotidianas de cualquier guardería, si no fuera por el elemento emocional que introduce el hecho de ser visualizadas en un juzgado”.
Asimismo, el letrado también recalca que las grabaciones aportadas como prueba en la denuncia a las que él ha tenido acceso “se han realizado de una forma planificada y organizada”, dado que “no se trata de grabaciones al azar o espontáneas. Algunas de las imágenes están tomadas en situaciones, que descontextualizadas, persiguen inducir a confusión en quien las ve. Al igual que las grabaciones de audio, donde se intenta introducir la confusión entre los nombres de los menores y los nombres de los propios profesores y directora del centro”, recalca.
Por todo ello, tiene claro que “si las pruebas aportadas fueran determinantes o tuvieran sustancia, el juez hubiera adoptado sin dudarlo la medida de clausura de los centros y, si tuvieran verosimilitud, hubiera podido acordarse la prisión preventiva”, añade, refiriéndose a las medidas cautelares ordenadas por un juez tras dejar a la acusada en libertad con cargos por los hechos y con una orden de alejamiento de 200 metros sobre los dos centros que regenta.
Sin constancia de quejas de los padres
En cuanto al hecho de que algunos padres se hayan sumado a la denuncia por supuestos malos tratos, el abogado cree que “entra dentro de la normalidad”, ya que se trata de “un acto reflejo” de los padres debido a la alarma social que genera este tipo de casos. Aún así “no deja de ser curioso que hasta la publicación de la noticia el
centro no hubiera recibido ni una sola queja por parte de los padres”. Unas circunstancias que no han impedido que una buena parte de las familias reubique a sus hijos en otras escuelas infantiles privadas.
