La Delegación de Cultura de la Junta en la provincia de Cádiz ha ofrecido respuesta a la denuncia que la pasada semana trasladó Información sobre el estado de deterioro y “dejadez” en el que se encuentran los Bienes de Interés Cutlrual (BIC) ubicados en la provincia. Cultura dice al respecto que, atendiendo a la ley 14/2007 del 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Junta “no está obligada” a hacer obras de conservación en aquellos bienes que no son de su propiedad.
Cultura reconoce que, de los diez enclaves que Información señaló por su estado de deterioro, tan solo el Teatro Romano de Cádiz es propiedad de la Junta de Andalucía. Y sobre él dicen que desde mediados de los años ochenta, la Consejería de Cultura “no ha dejado de invertir en el Teatro: adquisiciones, expropiaciones, demoliciones, excavaciones arqueológicas, consolidaciones, refuerzos estructurales, adecua-ciones de acceso, señalizaciones…”. Esas actuaciones han supuesto “importantes inversiones”, además de las previstas hasta el 2020 con fondos europeos, a través del pro-grama ITI, de 5 millones de euros. En cuanto a por qué el Teatro Romano no está declarado aún BIC, Cultura asegura que la cantidad ingente de inmuebles pendientes de ser catalogados “ha priorizado probablemente esos casi 500 bienes catalogados, por una razón: El Teatro Romano al ser propiedad de la Consejería de Cultura, tiene garantizada la tutela y conocimiento. Por tanto, no ha sido un asunto prioritario como lo han sido otros casos más expuestos a su desaparición si no fuese por el hecho de estar catalogados”. No obstante, anticipan que “se tiene previsto proceder a su cataloga-ción en breves fechas”.
El resto de enclaves, declarados BIC, están en propiedades privadas y sobre esos la Junta “no puede intervenir directamente”. Aunque han aclarado que la protección “sí es competencia de la Consejería de Cultura”, como la concesión de autorizaciones para obras, catalogaciones, paralizaciones de obras y la apertura de expedientes sancionadores.
Cultura ha puntualizado que la posibilidad de que la Junta de Andalucía “colabore” en la conservación del patrimonio es “evidente”, pero aclaran que el hecho de que la Consejería “haya restaurado tantos y tantos inmuebles a lo largo de estos años, cuando los presupuestos lo permi-tían, ha originado la falsa creencia de que la Junta de Andalucía es la responsable”. En su lugar, apuntan a que la responsabilidad de conservar ese patrimonio en fincas privadas es de los propietarios.
Desde Cultura han trasmitido la importancia de denunciar el deterioro de estos enclaves, ya sea de forma particular o a través de asociaciones, porque solo entonces la Junta puede actuar de oficio: De esta manera la Administración Autonómica podrá actuar “amparada por la legalidad y garantizar la conservación de los bienes históricos de la Comunidad y por supuesto de la provincia”.
