La teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez, admitió ayer que las medidas contempladas en la revisión del Plan de Ajuste que afectan a la plantilla municipal no podrán entrar en vigor mañana miércoles 1 de junio, que era el objetivo inicialmente previsto, dado que todavía es necesario reunir a la Mesa General de Negociación, algo en lo que “está trabajando” el Gobierno local.
En todo caso, Álvarez dejó claro que el Ayuntamiento “necesita” aplicar esas medidas “lo antes posible” para de este modo “corregir la parte variable de las nóminas y que se optimicen los recursos humanos”.
Al respecto del deseo expresado por el Gobierno local de evitar que en lo sucesivo el desarrollo del Pleno municipal pueda verse alterado por concentraciones de trabajadores que infrinjan la normativa vigente, Álvarez recordó que “hay jurisprudencia” que “ampara” la demanda del Consistorio, en el sentido de que ante este tipo de hechos “deben conjugarse” los derechos tanto de los manifestantes como del resto de la ciudadanía.
La propia Delegación de Recursos Humanos tiene en su poder “diferentes vídeos” remitidos por particulares que a su vez han sido enviados a las “autoridades competentes para que traten de identificar” a aquellas personas que pudieran estar violando las ordenanzas municipales, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de petardos y similares.
El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, instó a la alcaldesa, Mamen Sánchez, a respetar “el derecho a manifestarse de los trabajadores municipales”, al tiempo que le recordó que “la ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones es de competencia municipal”, por lo que no es Subdelegación quien tiene que intervenir en un caso como este.
El subdelegado aseguró que corresponde a la autoridad municipal valorar y vigilar la correcta utilización de aparatos de megafonía u otros instrumentos sonoros, exigiendo “a quienes los utilicen la observancia de las prohibiciones y limitaciones establecidas en las ordenanzas municipales reguladoras de los ruidos y contaminación acústica”.
En todo caso, recordó que Subdelegación “no ha prohibido nunca una manifestación por ruido, ya que esa posibilidad no se contempla en la normativa”, considerando además que “el uso de megafonía o instrumentos para hacer públicas las reivindicaciones y hacerlas llegar al mayor número de destinatarios es inherente al derecho de reunión”. Por último, De Torre explicó que entre 2012 y 2015 se autorizaron en Jerez 1.200 manifestaciones, “casi una por día hábil”.
