Tercera sesión del juicio por el caso ‘Huertos de Ocio’ que desde el martes acoge la sección octava de la Audiencia Provincial, y última por esta semana. En el banquillo, el ex alcalde Pedro Pacheco, que ayer no perdía de vista sus apuntes, el ex gerente de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Luis Cruz, y dos técnicos municipales, abogados del área de Patrimonio, Fernando Núñez y Óscar Real. Tras la comparecencia de los procesados, ayer era el turno de los primeros testigos de la acusación particular, lo que permitió al letrado granadino Francisco Pérez Vera intervenir prácticamente por primera vez en la sesión después de que hasta ahora los cuatro acusados se hayan acogido a su derecho a no declarar al letrado que representa a los arrendatarios desalojados.
Tres de ellos comparecieron ayer ante el tribunal y detallaron que venían a ser unos 45 los que por los años 90 empezaron a pagar unas rentas, de poco más de 300 pesetas al mes a la GMU. Unas cantidades que tenían domiciliadas en el banco por el alquiler de sus parcelas de 600 metros cuadrados en unos terrenos de la barriada de San José Obrero, conocidos como Los Huertos de Ocio.
Desde ese tiempo hasta 2003, cuando fueron desalojados “invertimos bastante dinero” previa autorización de la GMU para cerrar y vallar parcelas, adquirir maquinaria, y construir casetas, hacer un pozo, sin contar con las plantaciones que realizaban y en algunos casos hasta medio centenar de árboles frutales por parcela. Según relataron, cuando en el año 1995 se aprobó en nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) continuaron “en las mismas condiciones” aunque en cierta medida les llamó la atención. “Pensábamos que aquellos terrenos eran agrícolas, rústicos, pero estábamos tranquilo porque teníamos un contrato con la GMU y estábamos pagando un alquiler. Nos puso en alerta pero nada más”, apuntó Francisco García, uno de los parcelistas afectados. Los problemas empezaron en enero de 2003 cuando recibieron una carta en la que les avisaban de que los suelos de ese sector se iban a desarrollar y que tendrían que desalojarlo. Desde ese momento comenzaron su peregrinaje a la GMU, donde llegaron a encerrarse “de forma simbólica” para mantener reuniones.
Allí preguntaban por los responsables, pero tras llevarles “de despacho en despacho” acababan siempre “con un abogado joven”. Se referían a Fernando Núñez, el técnico municipal procesado. Aseguran que les daban “pares y nones” y les decían que “todo se iba a arreglar”. Ayer, con los lógicos problemas para precisar tras 15 años de los hechos, contabilizaron hasta tres reuniones, con Núñez, con el gerente de Urbanismo, y hasta con la alcaldesa Pilar Sánchez, que dio poco margen de maniobra, pues les vino a decir que en Urbanismo, área de Pacheco, poco tenía que hacer ella. Cuando los ánimos se fueron caldeando, incluso el propio Cruz les pidió que “no se dejaran manipular”.
En la misma tónica se pronunció José Antonio Monreal, titular de Xera Promociones SA, sociedad que adquirió la finca de San José Obrero a través de una permuta del Ayuntamiento, cuando en la GMU les animaron a que se sentaran con él. “Nos dijo que nos metiéramos en follones, que él lo iba a arreglar”. En aquel entonces, lamentaban ayer, “se decía en la calle” que los suelos donde tenían sus huertos ya habían sido transferidos a esta sociedad, pero a ellos “oficialmente” ni el promotor ni la GMU les dijo nada. Más de una década después aseguran que con este proceso judicial, con una acusación particular que representa a nueve de los 45 parcelistas afectados, pretendían “que se hiciera justicia en lo que correspondiera”. “El problema es que no se nos respetó, no era pagar sino el daño moral que se nos hizo”, apuntaba Guillermo Romero, de edad avanzada. “Queríamos que se pagara aquello”.
Más explícito fue Francisco García, cuando tachó de “ridículas” y “mínimas” las cantidades propuestas como indemnización. “Nunca hemos hablado de indemnizaciones altas, nuestra propuesta era conseguir los derechos que teníamos y que consistían en quedarnos allí”, señaló tras confirmar el registro de un escrito que se mostró en sala en el que se solicitaba a la GMU una indemnización económica.
La cláusula que no ‘vieron’
Otros arrendatarios como Francisco Aguilar, también se refirió a estas “ridículas” cantidades, aunque según Pacheco los parcelistas “fueron muy bien recompensados”, asegurando que “con la oferta que nos hicieron no teníamos ni para la alambrada. Queríamos que nos pagaran lo que habíamos hecho allí”.
¿Había una cláusula en sus contratos -que se prorrogaran anualmente- avisando de que la GMU por una razón justificada podría ordenar que las parcelas fueran desalojadas?”Posiblemente sí”, señaló uno de los parcelistas, cuando Manuel Hortas, el abogado de la defensa de Pedro Pacheco, confirmó esta “letra pequeña” de las condiciones del contrato que no tuvieron en cuenta. La vista se reanudará el próximo martes, jornada en la que está prevista que declaren las ex alcaldesas María José García-Pelayo y Pilar Sánchez como testigos, que posiblemente lo haga por videoconferencia.
