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Jerez

Nuevo paso para modificar suelo no urbanizable de especial protección

La medida flexibilizará la implantación de actividades y usos compatibles con suelo rústico especialmente protegido

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  • José Antonio Díaz, en rueda de prensa. -

El Pleno municipal ha aprobado de manera provisional la modificación puntual del PGOU relativa a cuestiones de normativa urbanística en suelo no urbanizable. Esta modificación puntual del PGOU, que ha salido adelante por mayoría (con los votos favorables de los grupos Socialista, Ciudadanos y Mixto), se centra en determinados artículos de la Ordenación Estructural del Término Municipal, que afectan al suelo no urbanizable de especial protección, y consta de una serie de apartados.

El teniente de alcaldesa responsable de Urbanismo, José Antonio Díaz ha señalado que “el voto en contra del PP, al que sorprendentemente se han unido Adelante Jerez, pone de manifiesto su falta de apoyo a los vecinos de la zona y a los empresarios, y demuestra una vez más, que su objetivo es que nos salga nada en Jerez e instaurar la parálisis en la ciudad”.

El teniente de alcaldesa ha recordado que esta iniciativa “se lleva a cabo en respuesta a colectivos y presidentes de ELA, entre ellas La Barca, que lo ha pedido en reiteradas ocasiones”.

La aprobación provisional se produce tras someter el expediente a exposición pública y remitirse el documento a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística y al Servicio de Industria, Energía y Minas, para que se solicitara, si procediera, la emisión de informes sectoriales.

José Antonio Díaz ha explicado que se ha recibido una única alegación, que no se ha estimado “porque lo que se solicita (que no se permita la instalación de aerogeneradores o parques solares en zona de viñas) ya se contempla en la normativa municipal, y por tanto, no es necesario hacer cambios en la modificación puntual”.

Asimismo, José Antonio Díaz ha explicado a raíz del informe solicitado al Servicio de Industria, Energía y Minas, que se ha llevado a cabo una modificación del articulado para garantizar que sea esta administración la que únicamente valore los proyectos extractivos, y al mismo tiempo, que la supervisión medioambiental de los proyectos corra a cargo en su totalidad   por parte de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

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