El ex comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, Jose Manuel Villarejo, rechazó este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga haber efectuado tráfico de influencias sobre cuestiones de urbanismo en el Ayuntamiento de Estepona, donde se tramitaban a mediados de los años 2000 determinados expedientes y convenios con constructoras y propietarios, a cambio de que éstos colaboraran con aportaciones para entidades y asociaciones deportivas del municipio.    Todo ello cuando estaba al frente del Consistorio el entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, que se sienta en el banquillo junto a varios técnicos municipales. Este gobierno local era en coalición con el Partido de Estepona (PES).    Tras una denuncia en 2006 ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de dos exconcejales socialistas, David Valadez y Cristina Rodríguez, se produjo una investigación judicial por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 ('caso Astapa'), dando lugar, posteriormente, a la intervención del Consistorio de Estepona.    "A mi pidieron que facilitara algún nombre o arquitecto que no fuera de la zona para que tratara de desentrañar todo el lío que se había montado por el urbanismo y que colaborase con la Policía. El señor Valadez pide ayuda a la Fiscalía Anticorrupción y a mi me dicen que si conocía a alguien. Les di varias opciones, varios nombres, para que hablaran con ellos. No participe en ninguna reunión y desconozco los acuerdos del señor Valadez a los que llegara luego", explicó el ex policía de 72 años, que declaró como testigo ante los tres magistrados de la Sección Tercera.    Preguntado por una de las defensas de por qué si era policía asistía en estos asuntos urbanísticos de Estepona, José Manuel Villarejo dijo que en esos años él se reintegró en el Ministerio del Interior como agente de inteligencia, y para ello tenía una cobertura para actuar como "agente encubierto" mediante las empresas que poseía, "con autorización obviamente, como ha quedado demostrado, de todos los gobiernos, tanto del PSOE como de PP".    Era a través de esa entramado empresarial como intervenía en asuntos relacionados con el terrorismo u otros, en este caso el urbanismo en un municipio de la Costa del Sol.   "Se trataba de que nadie supiera que yo era en realidad un miembro activo del Ministerio del Interior. Eran operaciones de todo tipo, incluido el urbanismo. Fíjese que yo desde el año 2000 estaba nada menos que en la Torre Picasso", precisó al letrado de una de las defensas.   Villarejo sí que reconoció que una de esas empresas fue la que realizó inversiones en inmuebles en El Mirador de la Cala, en Estepona, y luego en Marbella. El ex comisario no supo, sin embargo, precisar por el paso del tiempo cuántas empresas más se adquirieron con sus mercantiles matrices.    "Comprabamos todo lo que nos permitía el banco. Se desembolsaba con una pequeña entrada y lo demás eran hipotecas. Al principio fueron dos o tres propiedades. Luego, una empresa con la que nosotros colaboramos, se quedó sin capacidad financiera y nos subrogamos en sus hipotecas adquiriendo seis o siete apartamentos más", indicó el ex mando policial mediante videoconferencia.     Esta urbanización, El Mirador de la Cala, tuvo posteriormente problemas para obtener la licencia de primera ocupación, y fue el propio Villarejo el que amenazó al constructor que le iba a denunciar por estafa.    "Él (promotor) explicaba que no le habían dado el permiso porque se había negado a regalarle un piso al alcalde, al señor Barrientos. Yo le dije que si era así tenía que denunciarlo, o yo le denunciaba él. Imagino que cuando el señor Valadez se hizo cargo del tema entendió las irregularidades que suponían que no tuviera el permiso de ocupación, cuando había cumplido con toda la licencia, y ello se subsanó luego", dijo el ex comisario, que agregó que habría sido la ex novia del ex alcalde de Estepona la que "se habría presentado para pedirle el piso".   DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL JEFE   Tanto el ex concejal socialista, David Valadez, como su compañera de Corporación, Cristina, denunciaron en 2006 esta presunta trama de corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona. El 29 de enero de 2007 declararon conjuntamente ante el fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, Juan Carlos López, después de que Anticorrupción remitiera desde Madrid estas diligencias. En su declaración dijeron que no habían tenido conocimiento directo de exigencias económicas a particulares por parte de miembros de la Corporación municipal, siendo a través de terceras personas como habían conocido los hechos que denunciaron. 

Y responsabilizaban de estas supuestas peticiones de dinero, cuando se trataba de temas urbanísticos, al entonces director del Área y al jefe de Gabinete de Alcaldía, que era el que negociaba los convenios con las empresas o particulares. 

El ex comisario José Manuel Villarejo negó varias veces que tuviese algo que ver en la denuncia que acabó provocando la intervención del Consistorio y sentado en el banquillo de los acusados a medio centenar de imputados, entre ellos al ex alcalde. 

Sus defensas mantienen una relación previa a la denuncia entre el mando policial, con intereses en Estepona, y los ex ediles denunciantes. La intención no sería otra, según esta tesis, que colocar a Valadez al frente de la alcaldía, manipulando la investigación para favorecer sus intereses inmobiliarios en la Costa del Sol. El ex concejal Valadez cuando declaró lo desmintió, asegurando que "a los alcaldes los elige el Pleno municipal, no los comisarios de Policía".

Dos años después, ex concejal fue nombrado alcalde, en julio de 2008. En el juicio Valadez relató que cuando accedió al cargo no había tratado a Villarejo, al que conocería más adelante cuando el hermano del ex comisario -párroco de una iglesia de Estepona- los puso en contacto. 

"Quedé con Villarejo para tomarme un café cuando ya era alcalde, al igual que lo hice con otras muchas personas", reiteró. "No hubo ninguna injerencia o intromisión de Villarejo en el 'caso Astapa' porque no lo conocía", dijo, y "jamás he recibido consejos, presiones e influencias de nadie. Yo fui quien me puse en contacto con la Policía para poner en conocimiento los hechos que estaban ocurriendo", manifestó ante el tribunal de la Sección .

Por su parte, Villarejo mantuvo este lunes que su participación se realizó para tareas de "penetración e inteligencia" durante varios meses de operaciones de 'Astapa'. 

"Una vez que el tema estuvo activado, y como yo iba con cierta frecuencia a Estepona, me encargaron para que me enterase hablando con unos y con otros, para que todo aquel que quisiera colaborar fuera bienvenido. Esa era mi instrucción", dijo Villarejo.

El ex comisario recordó también su comparecencia en el Congreso de los Diputados a petición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde indicó que a la hija del entonces presidente del Senado, Javier Rojo, que era gerente de Urbanismo en Estepona, se le recomendó que se marchara de allí el día de las detenciones.

"Lo supe después de que había ocurrido. Es sorprendente que siendo ella la gerente de Urbanismo no fuese detenida ni se registrase su despacho, ni se registró su ordenador. Y, sin embargo, a su segundo se le detuvo y estuvo unos meses en la cárcel. Tiene poca lógica, pero así es", indicó en su declaración.

Sobre sus cuadernos con anotaciones de sus actuaciones durante años, y que cayeron en poder de la Policía sirviendo para aclarar su papel durante lustros en la trastienda de la Seguridad del Estado, Villarejo dijo que no temía a nada.    "Mi vida es tan transparente que los diarios y los audios los tiene toda España. De haber sido un agente encubierto he pasado a ser un agente transparente", ironizó.   El Tribunal de la Audiencia ha fijado sesiones para este juicio al menos hasta finales de mayo de 2024, con la finalidad de analizar los distintos bloques en los que se ha dividido la vista oral y el procedimiento, y los que quedan aún pendientes.