La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha pedido de nuevo el cierre de la causa contra Baltasar Garzón por investigar las desapariciones durante el franquismo porque entiende que el juez no prevaricó y duda de la “legitimidad procesal” de las acusaciones populares para instar la apertura de juicio oral.

El Ministerio Público insiste en el escrito remitido ayer al magistrado del Tribunal Supremo instructor de la causa, Luciano Varela, en que los hechos por los que se investiga al juez de la Audiencia Nacional “no son constitutivos de delito” y se ha opuesto a la apertura de un juicio oral al magistrado de la Audiencia Nacional.

Dicho argumento ya lo expuso el fiscal el pasado mes de enero cuando pidió el archivo de la causa abierta a raíz de la querella por prevaricación interpuesta por Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons contra Garzón, y de quienes ha afirmado en su nuevo escrito que “carecen de legitimación procesal” para sentar al juez en el banquillo.

Según el Ministerio Público, el “fundamento jurídico de la acción popular no puede buscarse, ni encontrarse, en un principio de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal” y sólo podrá ejercitarse “en los procesos que la ley determine” porque “opinar lo contrario sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales”.

El sindicato ultraderechista Manos Limpias registró ayer a las 12.00 horas en el TS su nuevo escrito, en el que han subsanado los varios “defectos formales”, tales como incluir hechos ajenos a los que constituyen el objeto del proceso, que les señaló el magistrado.