La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer en que el Gobierno es partidario de la renovación del Tribunal Constitucional pero ha subrayado que para ello es necesario que el PP actúe con “compromiso, responsabilidad y lealtad institucional”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno es “partidario de la renovación. “Tanto que la pusimos en marcha”, añadió.

Recordó que este Ejecutivo impulsó la ley y el procedimiento para la participación de las comunidades autónomas en la elección de magistrados, un método que, destacó, “se bloqueó porque el principal partido de la oposición, que no creía en él, lo desvirtuó presentando a los mismos candidatos en todos los sitios”.

Desde entonces, el proceso está parado y es necesario “recuperar el consenso desde la lealtad institucional” ya que para aprobar los nombres de los nuevos magistrados hace falta un alto grado de consenso.

“El Gobierno siempre está dispuesto a consensuar porque es el método que nos hemos dado; quien no use ese método está siendo cuando menos irresponsable. O responsable de que la renovación no se haya producido”, agregó en referencia al PP.

De la Vega consideró innecesario que Zapatero, se reúna con el de la Generalitat de Cataluña, Josep Montilla, para tratar este asunto, porque es un tema, ha dicho, “que lo tenemos hablado y en el que está clara la posición del Gobierno”.

En su opinión, para reactivar el proceso no es necesario convocar reuniones sino “tener voluntad política de retomar la lealtad constitucional en este tema”. Respecto a una posible entrevista entre Montilla y el presidente del PP, Mariano Rajoy, para hablar sobre la renovación de los miembros del TC, la vicepresidenta se ha limitado a señalar que “el diálogo siempre está muy bien” y que espera que la reunión sea fructífera.

La vicepresidenta insistió en que, en todo caso, en tanto no se produzca la renovación “los magistrados gozan de la legitimidad que les da la Constitución y la ley para continuar su trabajo”.