Las siete personas detenidas ayer dentro de la Operación Jable, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Lanzarote, están acusadas de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Las detenciones se han producido en Lanzarote, Gran Canaria y Almería y se practicaron varios registros en domicilios de los detenidos en los que se ha intervenido abundante documentación, tanto en soporte informático como en papel, que está siendo analizada por los investigadores, informa la Guardia Civil.

La investigación de la Operación Jable ha puesto de manifiesto una trama relacionada con los supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, dirigida por un ex alto cargo público en connivencia con varios de los empresarios detenidos, informó ayer la Guardia Civil.

La investigación ha puesto de manifiesto que, a través de un importante entramado empresarial, y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.

También se puso de manifiesto otra trama relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.

La operación se llevó a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción núm. Cinco de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.