La Comunidad de Madrid ha reclamado poder personarse en el caso que investiga Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción que afecta a empresarios con diferentes entidades, ha sabido Efe de fuentes del Gobierno regional. 

El Ejecutivo madrileño ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que alega sentirse perjudicado por la actual instrucción de ese caso y pide que se le reconozca la personación. 

En el escrito, el letrado que representa a la Comunidad habla del auto dictado el jueves por el juez Garzón, del que se han hecho eco los medios de comunicación, y alude a conversaciones telefónicas grabadas a uno de los imputados, el empresario Francisco Correa. En concreto, en ellas Correa afirma que se han cargado a la región madrileña gastos del PP y de que un consejero cobraba comisiones por distintos favores. 

La Comunidad de Madrid asegura que “no le consta” que puedan haberse destinado fondos propios a fines distintos de los legalmente previstos y exige poder tomar parte en el procedimiento judicial de Garzón como perjudicada.

En esta línea, el Gobierno madrileño pretende “ejercitar las acciones que legalmente procedan al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” con el objetivo de ver reconocido su derecho a “la tutela judicial efectiva y a la prohibición de la indefensión”.

En el escrito la Comunidad recoge varios párrafos del auto de Garzón, como que Correa y otro imputado, Pablo Crespo, dan “instrucciones” para hacer pagos a funcionarios públicos de los que se deriven beneficios para ellos y sus empresas. Asimismo, el representante legal del Ejecutivo de Esperanza Aguirre recuerda que en el auto se dice que “hay indicios suficientes de que los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para obtener un beneficio propio utilizando dádivas y sobornos”. 

El escrito de la Comunidad apunta que, en función de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “cuando el delito fuese por su naturaleza de aquellos que sólo pueden admitirse por autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los jueces de instrucción remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días”.