El Gobierno de la Generalitat incorpora en el proyecto de ley de consultas populares que se podrá solicitar la convocatoria de un referéndum en Cataluña si se reúnen al menos 160.000 firmas de catalanes mayores de edad. 

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, avanzó que el proyecto de ley se aprobará el 31 de marzo en el Consell de Govern y que se podrá pedir un referéndum si así lo reclama “un 3% del censo electoral”. 

Si se tiene en cuenta el censo electoral de las últimas autonómicas en Cataluña, las del 1 de noviembre de 2006, que fijó en un total de 5.320.637 los catalanes con derecho a voto, ello implica en la práctica que harán falta unas 160.000 firmas para pedir una consulta de este tipo. 

Ausàs ha revelado también que asimismo se podrá reclamar un referéndum si así lo decide el Gobierno catalán o “un 10% de municipios -Cataluña cuenta con un total de 946- que representen al 10% de la población total de Cataluña”.

La otra fórmula de solicitar un referéndum será que lo pidan dos grupos parlamentarios del Parlament o una quinta parte de los diputados del Parlament (27 diputados), lo que supone que CiU, que tiene 48 escaños, tendrá fuerza por sí sola para proponer cualquier tipo de consulta.

Como prueba de las utilidades del proyecto de ley de consultas por vía de referéndum -que aún debe pasar el trámite del Consell Tècnic-, el conseller Ausàs ha explicado que una vez se apruebe se podrá pedir, por ejemplo, un referéndum sobre la financiación de Cataluña, un asunto de plena actualidad.

Ha precisado, no obstante, que el Gobierno central deberá autorizar cada una de las consultas que proponga Cataluña, tal y como establece la Constitución, si bien ha destacado que con esta ley se "promueve el derecho a decidir" de los catalanes.

Ha aclarado que los referendos no se convocarían coincidiendo con otras elecciones y que quedarían fuera de esta ley las consultas de ámbito municipal.

Así pues, un hipotético referéndum sobre la reforma de la Avenida Diagonal de Barcelona quedaría regulado por la ley de gobiernos locales, que el conseller espera que el Consell de Govern apruebe "antes del verano".

La ley de gobiernos locales creará el marco legal que sustentará la nueva organización de Cataluña en veguerías y su desarrollo requiere de la aprobación de varias normativas sectoriales.

En este sentido, ha aseverado que el proyecto de Ley del Consejo de Gobiernos Locales, el de transición a las veguerías y el de creación del Área Metropolitana de Barcelona, estarán en el Parlament para su tramitación antes del verano.

Por otra parte, el conseller Ausàs, que tiene la misión de poner en marcha la Oficina Antifraude de Cataluña, ha asegurado que el Govern "no contempla" modificar la ley por la cual se creó este ente a pesar del bloqueo en el cual se encuentra la elección de su director.

Ausàs ha precisado que se da más o menos "un mes" de margen para intentar convencer a CiU o al PPC de que den apoyo al nombramiento del fiscal David Martínez Madero como director de este organismo, cuya elección requiere de los votos de uno de estos dos partidos.

Los grupos que dan apoyo al Govern renunciaron a llevar la votación del director de la OAC al pleno de esta semana por la falta de acuerdo con la oposición, pero el conseller considera que este asunto no puede demorarse más allá del próximo pleno, previsto para el 1 de abril, o del siguiente, el del 15 de abril.