El Tribunal Superior británico dictó hoy que el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, debe recibir autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea (UE).
En un veredicto histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión de la UE sin convocar previamente una votación parlamentaria.
El juez jefe John Thomas aclaró que la decisión "es una pura cuestión legal".
"El tribunal no valora ni expresa ninguna opinión sobre los méritos de abandonar la Unión Europea: esa es una cuestión política", subrayó.
Tras conocer el dictamen, el ministro de Comercio Internacional y abanderado del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE), Liam Fox, dijo que el Gobierno lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial británica, que se espera que se pronuncie antes de finales de año.
"El Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal", declaró Fox en la Cámara de los Comunes.
"El país votó por salir de la Unión Europea en un referéndum aprobado por una ley del Parlamento, y el Gobierno está decidido a respetar el resultado del referéndum", en el que casi un 52 % de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo, añadió.
Por su parte, Gina Miller, una de las ciudadanas que planteó el caso ante el Superior, saludó el dictamen y pidió al Ejecutivo que tome "la sabia decisión de no apelar".
Los partidos Laborista, Liberal Demócrata y Verde, en la oposición, se congratularon por el veredicto, mientras que el líder en funciones del eurófobo UKIP, Nigel Farage, alertó de una posible "traición" de la voluntad popular.
"Temo que ahora se intentará todo para bloquear o retrasar la invocación del artículo 50. Si es así, (los diputados) no tienen ni idea del grado de indignación pública que provocarán", manifestó en un comunicado.
Al plantear su petición de revisión judicial, Miller, directora de un fondo de inversión, expresó su deseo de acabar con "un entorno legal" en el que el Gobierno "puede pasar por encima del Parlamento".
Durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, su abogado, Favid Pannick, argumentó que "muchos de los derechos de los que la señora Miller y otras personas disfrutan actualmente (en el Reino Unido) quedarán suprimidos si se da la notificación" a Bruselas.
Los letrados gubernamentales arguyeron por su parte que el referéndum del 23 de junio daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo.
También indicaron que "probablemente" podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea.
May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales.
La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE "de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales", ha llevado a desacuerdos entre los expertos legales en un país que no cuenta con una constitución escrita.
La decisión del Tribunal Superior motivó hoy la subida de la libra esterlina, que se revalorizó un 1,12 % frente al dólar y un 1,20 % frente al euro en el mercado de divisas, tras registrar continuas caídas desde la celebración del plebiscito.
