La Policía Nacional han detenido o imputado a más de una veintena de personas en el último mes y, dentro de las investigaciones contra las denuncias falsas, esclareciendo así una gran mayoría de los casos, según ha informado en un comunicado.
Así, casi a diario hay un detenido por simular un hecho delictivo y el principal objetivo de tales denuncias falsas era defraudar a los seguros o justificar gastos, aunque en algunos casos se falsearon hurtos, robos con intimidación (tirones), atracos o supuestas estafas con el objetivo de falsear la verdad de los casos y cobrar indemnizaciones y resarcimiento del bien.
Dentro del protocolo establecido por esta Jefatura Superior de Policía a los detenidos/imputados se les reclaman los gastos de las investigaciones que de media alcanzan de 600 a 1.000 euros.
Entre los sucesos esclarecidos se encuentra el de una mujer que denunció en dependencias policiales de Murcia que días antes había sufrido en Granada un tirón de un bolso y en su interior un teléfono móvil.
Los agentes investigaron la veracidad de los hechos y determinaron que esta señora no había estado en Granada, por lo que el robo no había ocurrido, así como pudieron comprobar que esta señora en el momento de formular la falsa denuncia en Comisaría portaba en sus pertenencias el supuesto móvil sustraído, por lo que fue detenida en Murcia por la Policía Nacional.
Por otra parte, una persona denunció la supuesta sustracción de una bicicleta en un establecimiento de venta de ciclismo. Manifestaba que cuando se encontraba trabajando en el establecimiento y manipulando la bicicleta para cambiarla de lugar una persona le abordó por la espalda, tirándolo al suelo y llevándose la bicicleta para después introducirla en una furgoneta.
La Policía destaca que estas conductas suponen una distracción de las funciones de prevención y persecución del delito que tiene encomendada la Policía Nacional y, debido al incremento de estos ilícitos penales la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos a los simuladores de hechos delictivos, que de media están alcanzando de 600 a 1.000 euros.