La Sección Segunda de la Audiencia de Granada acoge este lunes el comienzo del juicio contra el coronel de la Guardia Civil F.G.S. por su presunta participación en la introducción en 2006 por la costa de Granada de toneladas de hachís procedentes de Marruecos, recibiendo supuestamente dinero a cambio de impedir que los alijos fueran interceptados por la Guardia Civil para su posterior venta.
La Fiscalía de Granada solicita para él nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública, así como una multa de 6,3 millones de euros.
Para los otros dos presuntos narcos que colaboraron con él, que están declarados en rebeldía, la Fiscalía pidió cinco años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares y contra la salud pública, aplicándoles la atenuante de confesión.
Junto a ello, el fiscal interesa multas de seis millones para cada uno, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
En el momento de los hechos, el acusado era comandante de la Guardia Civil en Granada con mando en todas las operaciones antidroga de esta provincia. En enero de 2016 mantuvo una entrevista con un confidente que tenía el cuerpo y fue cuando supuestamente acordó con él la entrada de dos alijos de hachís, con más de 4.000 kilos, por las playas de Motril (Granada).
Según el relato del fiscal, el coronel se comprometió a impedir que la droga fuera interceptada por la Guardia Civil y a asegurar su entada para su posterior venta a cambio de cobrar 120.000 euros tras cada operación.
A estas dos se sumaría una tercera entrada de droga de escasa calidad que sí sería intervenida por los agentes para justificar las otras que quedarían impunes.
El coronel indicó a sus subordinados que en las dos primeras operaciones "se permitiría el acceso de la droga" en las playas granadinas como "entregas controladas" que deberían depositarse en una "guardería" controlada de forma exclusiva por él. Así las cosas entre febrero y marzo de ese año una embarcación procedente de Marruecos desembarcó 120 fardos con unos 4.000 kilos y un valor de cinco millones de euros. La droga nunca fue recuperada y se distribuyó en el territorio nacional.
La colaboración entre los acusados se extendió supuestamente hasta mayo de 2006 pese a que el alto mando se encontraba "acuciado por las sospechas de los agentes a sus órdenes", según continúa el fiscal, que relata varias entradas más de droga en las que no se arrestó a nadie por la tardanza del entonces comandante en dar la orden de intervenir.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que está personada como acusación particular, ha solicitado 18 años de prisión para él y le atribuye presuntos delitos contra la salud pública, de receptación y blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho, por los que solicita además 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superan los diez millones de euros.
