El primer teniente de alcaldade, Daniel Manrique, convocó a los medios de comunicación tras la emisión de una noticia pertinente de un periódico digital de carácter provincial que afirmaba en su titular que "el fiscal anticorrupción sienta en el banquillo a Javier Ruiz, alcalde de Rota". Daniel Manrique se mostró muy claro al decir que "no existe ninguna investigación contra el alcalde" y afirmó que la información estaba sustentada bajo "poco rigor periodístico" para desmentir su titular y el cuerpo de la noticia.

Para poder explicar lo sucedido, Daniel Manrique tuvo que remontarse al momento exacto del suceso que ocurrió en la madrugada del sábado de la Feria de Primavera de Rota 2023. La explicación viene no solo a raíz de la información publicada durante el día de hoy sino que también responde a un proceso en el que se encuentra inmerso el alcalda debido a la formulación de una denuncia y que Javier Ruiz Arana a título de denunciado tendrá que declarar. Manrique señalaba que aún no se conoce quien a formulado dicha denuncia que cree que "no va a ir a más", pero afirma que para la realización de la misma "se ha tenido que hacer de un uso indebido de la documentación administrativa pertinente".

Antes de comenzar con la cronología de los hechos hay que mencionar que varias entidades fueron las involucradas en lo que implicó a la venta de alcohol a menores en una de las casetas suponiendo la aplicación de la correspondiente actuación protocolaria. Uno de los principales protagonistas en este suceso son los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Policía Autonómica, quienes realizaban "sus funciones de inspección y de control de aquellas materias que previamente habían sido acordadas en la Junta Local de Seguridad". Y es que sobre las una de la madrugada de dicha noche, los agentes de la Policía Autonómica detectaron como menores de edad estaban consumiendo alcohol, previamente proporcionado en el mismo lugar, en una caseta. Este hecho llevo a los agentes al correspondiente precinto de la actividad de la caseta como consecuencia de esa infracción que se estaba realizando.

Por ello, rápidamente el empresario afectado por esta infracción acude al punto del recinto ferial destinado para aglomerar a los diferentes cuerpos del Estado y del municipio, donde en ese preciso momento no estaban los agentes autonómicos con el objetivo de conocer qué estaba sucediendo para el cese de la actividad de su caseta. En esos momentos se avisa a la delegada de Fiestas y al alcalde, quien no tenía información sobre lo ocurrido hasta que no accedió a la sede de seguridad para detallar de la actividad ilícita que se estaba cometiendo en dicha caseta. 

Una vez confirmada la infracción, los agentes autonómicos debaten con el alcalde el método de proceder que claramente tenía que ser objeto de sanción, Manrique explica que se llego al acuerdo de precintar la caseta por el resto de la noche y reanudar su actividad con el visto bueno de la Delegación Territorial de Salud al día siguiente con la correspondiente sanción económica. En esos momentos la Policía Autonómica sería la encargada de ponerse en contacto con la Delegación Territorial como bien indica Daniel Manrique, aunque apunta que los agentes pidieron al alcalde que también realizara la correspondiente solicitud de desprecinto. 

Daniel Manrique explica que esta forma de proceder viene impulsado por la aplicación de la ley 4/1997 de prevención y asistencia en materia de drogas que señala que el órgano competente es la Delegación Territorial de Salud. "El alcalde siguió el procedimiento pertinente al aplicar dicha ley" indicó Manrique. Y al día siguiente, siendo sábado, el jefe de la Policía Local fue quien levantó el precinto de la caseta tras una confusión en la conversación previa con los agentes autonómico: "entendió que la solicitud que había hecho el alcalde era para desprecintar la caseta" señala Manrique e insiste que "estamos con el jefe de la Policía Local y creemos que siguió el comportamiento correcto" en ese malentendido de aplicación de leyes.

La confusión nace de la existencia de otra ley que repercute a la venta de bebidas alcohólicas a menores que es la ley 13/1999 de espectáculos públicos de Andalucía. Por lo tanto, "hay dos leyes que sancionan el mismo hecho" manifestó Manrique, quien aclaró cuál de las dos leyes se debería haber aplicado porque el hecho de haber dos leyes que sancionen lo mismo supone que una es más específica que la otra. Manrique aclaró que debería haber aplicado la segunda de las leyes mencionadas porque en la jurisprudencia española prevalece entre leyes su carácter específico y de gravedad. En ambos casos la ley 13/1999 de epectáculos públicos de Andalucía es mayor que la ley 4/1997 de prevención y asistencia en materia de drogas.

Sin embargo, ante desconocimiento del Gobierno municipal en el momento preciso de aplicar la legislación, se aplicó la la ley 4/1997 de prevención y asistencia en materia de drogas lo que ha llevado a confusión. Pero, Manrique insistió que esta información la han tenido con el tiempo y que en todo momento defiende que se actuó como correspondía. Por ello, y para zanjar la problemática que ha provocado la difusión de "informaciones falsas", Manrique aclara que la denuncia realizada contra el alcalde no irá a mayores.