El PP de San Fernando ha insistido en la petición ya realizada a la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, en marzo pasado, cuando se tuvo constancia de que el rótulo colocado en la fachada del Ayuntamiento contravenía la ley. "Queremos saber tanto quién ordenó poner ese añadido, como la persona que autorizó su colocación en la portada del Ayuntamiento”, vuelven a señalar desde el PP.
Los populares exigieron al Ayuntamiento que iniciara un expediente de responsabilidad patrimonial de las autoridades y empleados públicos, como recoge el Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 36, “para que se dirima esa responsabilidad y al final paguen los responsables de sus propios bolsillos y no con fondos públicos”.
Las letras corpóreas conformando la leyenda “Casas Consistoriales” que desde hace justo un año puede apreciarse en la fachada principal del Ayuntamiento, no contaba con la autorización del órgano competente, en este caso la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Al tratarse de un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier modificación o cambio debe ser supervisado y contar con la autorización de la instancia superior, en este caso la Consejería de Cultura, tal y como dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 33.2.
Es por ello que desde el PP se reclame al Gobierno municipal una respuesta urgente a la pregunta de por qué se colocó ese rótulo sin contar con autorización, “la misma que se le exige a cualquier ciudadano o persona”.
Ya entonces, desde el Partido Popular se argumentaba que Patricia Cavada eliminó el rótulo del Sagrado Corazón de la fachada del Ayuntamiento bajo el pretexto de que no era un elemento original del edificio, “pero en su lugar impone un rótulo de acero inoxidable. No puede gobernar lo público desde la prepotencia. Sus decisiones, como las del resto de ciudadanos, encuentran amparo y límite en la Ley. No pueden saltarse las normas a su antojo y mucho menos haciendo uso del dinero de todos”.
Por ello, el PP pide que se depuren responsabilidades para que el coste de ese rótulo -casi 10.000 euros-, así como el gasto por su colocación y retirada no salga del bolsillo de los isleños, sino que lo pague “quién lo autorizó y colocó”. “Saltarse la Ley -concluyó- no puede salir gratis, porque el dinero público sí es de alguien, es de todos los ciudadanos que no tienen que soportar el coste de medidas arbitrarias y caprichosas”.
