El consejo de gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla ha aprobado este jueves un procedimiento negociado sin publicidad para entregar, mediante concesión administrativa, la gestión y explotación de los rocódromos de los centros deportivos municipales de San Pablo e Ifni, según la documentación recogida por Europa Press. El grupo socialista del Ayuntamiento hispalense ha votado en contra de esta contratación alegando que se trata de otro paso más en el "desmantelamiento del deporte público", contando el asunto también con el voto contrario de IU-CA.
"Están llevando a cabo una estrategia definida desde que empezó el mandato, para desprenderse de cualquier responsabilidad en la gestión del deporte. Es un modelo privatizador en el que el IMD se dedica únicamente a sacar pliegos y a designar quien va a gestionar una instalación", critica el concejal socialista Alberto Moriña, quien subraya que el Grupo Socialista defiende un modelo opuesto de gestión "directa y pública" de las instalaciones, con acuerdos concretos con empresas privadas para la construcción de determinados centros deportivos en suelos disponibles y con acuerdos de colaboración con las entidades del deporte base.
El concejal socialista señala que los dos rocódromos fueron construidos con fondos públicos y a raíz de iniciativas vecinales y de asociaciones deportivas, y que en ambos casos forman parte de las tarifas del IMD y por tanto sus usuarios se ven beneficiados por las bonificaciones y prestaciones fijadas en las ordenanzas municipales. "Se vuelven a dar pasos sin transparencia alguna. Si se ha optado por una vía negociada sin publicidad, ¿es porque ya hay un interesado con quien se está negociando? Si es así, ¿quién es y en qué condiciones va a prestar el servicio?", pregunta retóricamente el concejal socialista.
Alberto Moriña lamenta además que el IMD continúe con el proceso de privatización del C.D. Fundición pese a la movilización social contraria a esta medida y que haya diseñado un modelo de concesión de las instalaciones antes gestionadas por juntas rectoras que está ya generando "graves problemas" en instalaciones como La Ranilla y que puede derivar en que empresas privadas se hagan con la gestión de recursos públicos o en que haya entidades que se queden con la gestión de unas instalaciones y que no puedan asumir las condiciones y exigencias establecidas por un IMD que sólo quiere "desprenderse de todas las instalaciones públicas".
"La oposición y cientos de vecinos y de representantes del deporte base ya hemos exigido en repetidas ocasiones al IMD que rectifique y que ponga fin al desmantelamiento del deporte público en la ciudad. Lamentablemente, quien seguir adelante pese al grave daño que se está causando a los recursos públicos y al deporte base en la ciudad", concluye Alberto Moriña.