La denegación del desalojo de una vivienda de Emvisesa por parte de un juez, anunciada por los juristas que llevan el caso, ha provocado una cascada de reacciones, especialmente desde la oposición, que considera que es una “llamada de atención a Zoido”, mientras el gerente de la empresa pública se defiende afirmando que se envió toda la documentación al juzgado y que aún están a la espera de la resolución judicial.
Según el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, aunque el anuncio de la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais) aseguraba que habían pedido el archivo del desalojo al no acreditar la empresa que no hay daño ya que no hay adjudicatario de la vivienda, el escrito se presentó el 6 de febrero cuando “aún estaba en plazo” y se ha entregado “toda la documentación” requerida.
Contreras ha negado que se haya denegado este desalojo apuntando que el juez también podía haber decretado el archivo “y no se nos ha notificado”. Según su relato, el juez dictó auto de inicio de procedimiento abreviado y pidió que Emvisesa acreditara el daño, por lo que se pidió como medida provisional “recuperar la posesión de la vivienda”.
La documentación se entregó “en plazo”, insiste Contreras, que explica que el fiscal debe pronunciarse sobre la existencia del delito de usurpación y sobre las medidas cautelaras. Según el gerente de Emvisesa, tras el pronunciamiento del fiscal, aún tendrán diez días más para que se acredite si continúa el procedimiento o se archiva.
Desastre de gestión
Sea como fuere, la posibilidad de que un desalojo de una vivienda pública pedida por la propia Emvisesa pudiera denegarse al no acreditarse que hay adjudicatario para ese bien ha dado pie al portavoz socialista, Juan Espadas, a considerar que la noticia es “una llamada de atención directa a Zoido y a Emvisesa” que constata el “desastre” en la gestión del Gobierno municipal en política de vivienda.
Según el socialista, es necesario que el proceso de adjudicación de Emvisesa cambie “si no funciona”, exigiendo que se asuman plazos para terminar una adjudicación completa, “de días mejor que en semanas”, algo que, a su juicio, evitaría un posible “efecto llamada” para ocupar el parque de viviendas que se encuentra vacío.
Espadas señala directamente a Juan Ignacio Zoido y le pide que asuma “su responsabilidad” y si el gerente de Emvisesa “no sabe hacer su trabajop, ha de cesarlo”, recordando que hay muchas familias que “no entienden cómo hay tantas viviendas municipales vacías y tanta gente sin un techo”.
Además, recuerda el incumplimiento del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, de transferir de la Gerencia a Emvisesa el parque de vivienda social, algo que “no ejecuta, ni adjudica las que tiene vacías ni transfiere el parque”, apunta el portavoz del PSOE.
Por otra parte y también relacionado con los problemas de vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla, inició ayer un encierro indefinido en la sede de Caixabank de Villasís para exigir soluciones a los problemas de cuatro familias afectadas por las hipotecas.
Apdh-A lamenta el “chantaje” municipal en Nuevo Amate
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-A) ha criticado este lunes el “chantaje” al que, a su juicio, han sido sometidas las familias que ocuparon varias de las viviendas protegidas del barrio de Nuevo Amate, al ceñir el Ayuntamiento la renuncia a las acciones legales emprendidas contra estas personas, a la retirada previa de la denuncia formulada contra la Policía Local por el cordón policial desplegado en torno a las viviendas ocupadas.
En un comunicado, Apdh-A menciona casos como el de las familias de la Corrala Utopía, propiedad de Ibercaja, donde el Ayuntamiento “les cortó el suministro básico del agua, no haciendo nada para solucionar el problema”. Además, critica que el Consistorio no asistiese a la última reunión convocada por el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, para tratar este conflicto sobre el que pesa una orden de desalojo forzoso.
En cuanto a las familias que ocuparon varias de las 220 viviendas de Emvisesa en Nuevo Amate, Apdh-A lamenta el “chantaje” del Ayuntamiento al haber supeditado la retirada de la denuncia que Emvisesa formuló contra ellos a la retirada previa de la demanda que dos familiares de estas personas promovieron contra la Policía Local a cuenta de los rigores del cordón policial.
“Es un chantaje inaceptable. No puede ponerse en condiciones de igualdad el intento de cubrir un derecho básico, como es el derecho a la vivienda, que el Ayuntamiento no ha dispensado a estos vecinos con necesidad como es su obligación, con lo que entendemos ha sido una violación de derechos fundamentales y un posible delito de coacciones”. “La ciudadanía tiene el deber y la obligación de organizarse para satisfacer los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda, y sobre todo cuando las administraciones les dan sistemáticamente la espalda incumpliendo sus obligaciones”, dice.
“El Ayuntamiento no puede criminalizar a las personas excluidas, debe ir a la raíz del problema, que no es otra que la carencia del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure los bienes necesarios para una vida digna”, dice Apdh-A, que considera que “la denuncia pretende, absurdamente, callar el grito y señalar como culpables a quienes son víctimas”.