La Fundación Artemisan ha presentado un informe en el que analiza la problemática de los incendios forestales en España, y en el que ofrece respuestas a por qué se están quemando tantos bosques en nuestro país, en uno de los veranos más trágicos desde el año 1994, con una superficie quemada que supera ya las 200.000 hectáreas.

Con datos estadísticos y el análisis de expertos, la entidad analiza distintas cuestiones que pretenden hacer reflexionar a las Administraciones Públicas sobre las medidas que se vienen tomando los últimos años, y expone propuestas y medidas de gestión para mejorar la prevención y extinción de incendios en el medio natural.

La Fundación Artemisan apunta que la propia legislación ambiental está impidiendo ejercer labores de prevención por un exceso de proteccionismo y burocracia, que dificulta muchas veces no solo agilizar estas labores, sino directamente ejecutarlas.

Entre las causas de los incendios, Artemisan señala principalmente el incremento de masa combustible debido a la pérdida de gestión forestal y ganadera, muy ligada a la despoblación rural. Todo ello influenciado por las políticas forestales realizadas en las últimas décadas.

En este sentido, señala que las Administraciones Públicas, aunque han incrementado cada año su gasto en medidas de prevención y extinción, “han reducido de forma drástica y exponencial las inversiones en reforestaciones y en gestión forestal”.

Así, la entidad apuesta por la gestión forestal como principal herramienta de prevención, y propone “adaptar la normativa para facilitar a los propietarios el desarrollo de acciones, reducir las limitaciones de los planes de gestión de espacios naturales protegidos para fomentar inversiones y fomentar la figura del Ingeniero de Montes, Ingeniero Forestal y Técnico Forestal en las Administraciones Públicas”.

Otros de los puntos destacados en el informe de la Fundación Artemisan serían facilitar el aprovechamiento de la biomasa forestal como energía renovable; el incentivo de quemas prescritas y controladas en invierno; el incremento de los presupuestos regionales en materia de prevención en montes o el desarrollo de un nuevo Plan Forestal Nacional con objetivos de reforestación a 10 años con especies menos pirófitas que permitan una mejor defensa.

En su propuesta, Artemisan insta a permitir que la reforestación de terrenos no agrícolas y a que el desarrollo de acciones en materia de prevención de incendios contabilice para la creación de sumideros de carbono, así como a incentivar y fomentar el desarrollo de planes de Ordenación Forestal.

También pide establecer un órgano de coordinación entre gestores públicos y privados donde la guardería cinegética y los gestores forestales, “verdaderos custodios del territorio, puedan asumir competencias de labores de prevención”. Asimismo, incluirían en el Consejo Asesor de Medio Ambiente a estos custodios, reduciendo el número de asociaciones ecologistas del mismo.

En cuanto a la influencia de la fauna en la prevención, abogan por reconocer las especies cinegéticas, junto con las ganaderas, como elementos fundamentales para el aprovechamiento del monte y como auténticas desbrozadoras que trabajan en la prevención de incendios, así como por fomentar el desarrollo de la ganadería extensiva mediante incentivaciones en la nueva PAC.

Además de las cuestiones citadas, el documento hace especial hincapié en la necesidad de la ordenación de los montes públicos y la incentivación a la ordenación de los privados por parte de las administraciones, a través de instrumentos de gestión forestal, puesto que solo el 20 % de la superficie forestal española está ordenada, lo que influye negativamente en la prevención y lucha contra los incendios.

Para Artemisan, es necesario que “una vez terminado este trágico verano para los montes españoles, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y las comunidades autónomas se sienten a analizar con autocrítica, y reflexionen si es posible hacer más y mejor en beneficio del futuro de los bosques, la biodiversidad y el medio rural”.