España debe reducir antes de 2030 el volumen de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en al menos un 62%, para dejar por debajo de cinco millones el número de ciudadanos en esta situación y dar así cumplimiento con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a la que se comprometerá este fin de semana el Gobierno durante la Asamblea General.

   Así lo explica un informe sobre el tema elaborado por Oxfam Intermon y Unicef presentado este jueves en Madrid por los directores en España de ambas entidades, José María Vera y Javier Martos, respectivamente, que expone los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que asumirá el Estado con el eje vertebrador de la reducción de la pobreza y la desigualdad, y los mecanismos que debería poner en marcha para darles cumplimiento.

   El trabajo detalla que España debió haber reducido a la mitad el volumen de población en situación de exclusión que tenía en el año 2000, cuando se renovaron los objetivos hasta 2015 y sin embargo, desde entonces la situación ha empeorado: eran cerca de 10 millones las personas en riesgo y hoy son más de 13,4 millones, el 29,2% de los ciudadanos.

   Por eso, las entidades inciden en que ante el ODS de reducir a la mitad la pobreza y el riesgo de exclusión, España tiene que tomar como referencia la tasa que tenía hace cinco años y no la que tiene ahora, de modo que al final, caiga por debajo de cinco millones el número de personas afectadas y que de ellas, no sumen más de 1,1 los menores de 18 años de edad.

   La Agenda, conforme ha explicado Martos, esta vez no afecta sólo a los países en desarrollo, sino que busca la lucha contra la desigualdad en todo el mundo ofreciendo no sólo las metas sino las estrategias para conseguirlo en áreas sistémicas como la política fiscal, el empleo o la protección social. Cuenta con 17 objetivos y 169 metas.

   "El cumplimiento de los ODS es derecho internacional, no es algo denunciable, pero sí es un compromiso político y es señalamiento. Es muy difícil salir por el mundo queriendo liderar y ser parte del Consejo de Seguridad incumpliendo estos compromisos. Habrá seguimientos, controles y evaluaciones y se verá si se cumple o no se cumple", ha añadido Vera.

   El director General de Oxfam Intermón destaca que en los últimos años "España no sólo ha mejorado sino todo lo contrario, ha estado creciendo la tasa de pobreza relativa" y para combatirlo, va a tener que "poner en práctica sistemas y medidas adecuadas para todos los ciudadanos, incluídos sistemas de ingresos mínimos" e incrementar notablemente el presupuesto en protección social: destina el 26% de su PIB frente al 30% de media que emplean los miembros de la Unión Europea.

   "Con estas metas, para 2020 tendría que haber 3,7 millones de personas que escapasen de la pobreza y de ellos, 900.000 tendrían que ser menores de edad, para que en 2030 las cifras hayan descendido a menos de 5 millones. Son cifras importantes, pero suponen un esfuerzo máximo. Este es el objetivo número uno y a partir de él, van el resto", ha señalado Vera.

   En concreto, a partir de esta prioridad de reducción de la pobreza y la exclusión, la agenda marca toda una serie de objetivos y metas que son complementarios, como lograr la universalidad de la sanidad y la educación, tendentes a conseguir una reducción real de la desigualdad entre los ciudadanos de cada país firmante, una de las prioridades.

   A España, en este contexto, se le impone como misión conseguir que el 40% de su población más pobre tenga más riqueza que el 10% más rico de sus ciudadanos, consiguiendo un crecimiento por encima del de la media nacional en las capas más empobrecidas, con medidas como una fiscalidad progresiva que ponga el peso en quienes más tienen, incrementando y extendiendo la protección social con el citado sistema de ingresos mínimos y apostando por un mayor gasto en infancia vulnerable.

   Esta es una de las materias donde España tiene un mayor reto, según el informe, porque en 2014, el diez por ciento más rico de la población acumulaba el 24,7% del ingreso nacional mientras el 40% sólo tenía el 18,1%. "Hay consenso en que la desigualdad extrema merma el crecimiento e impide que sirva para reducir la pobreza, mina la cohesión social, debilita las instituciones, frena la seguridad y genera incertidumbre (...) España es hoy el séptimo país con más desigualdad de la UE", ha asegurado Vera.

COMPROMISOS INTERNACIONALES

   En materia internacional, también se van a adquirir compromisos, como alcanzar "la vieja meta del 0,7 por ciento" del PIB en ayuda oficial al desarrollo de la que España se ha venido alejando hasta quedarse en un 0,14% en 2014 con una reducción que sólo en ayuda humanitaria, ha sido del 82%. UNICEF y Oxfam Intermón piden al Estado que no deje para "las generaciones futuras" estas responsabilidades. "No puede ser que suscriba los ODS sin que en los Presupuestos Generales de 2016 se muestre un compromiso palpable", denuncia Vera.

   También con perspectiva global, se fijan objetivos sobre cambio climático que España, según estas ONG, no podrá cumplir si no se produce "un cambio drástico" y una "auténtica revolución en la industria energética". Por ejemplo, el Estado no debería poder superar el 15% de las emisiones que se lanzaban en los años 90 y ya ha rebasado el volumen en un 25%.

   Ambas organizaciones explican que "el nuevo Gobierno que salga de las urnas a final de este año deberá definir una hoja de ruta referida a la Agenda 2030 con una concreción de los compromisos para la Legislatura" y trabajarán para que los partidos recojan propuestas al respecto en sus programas electorales, pero inciden en que no hay por qué esperar para empezar a movilizar recursos y activas políticas que se encaminen hacia estos objetivos. Los PGE deberían ser ya un primer paso.