La Guardia Civil ha identificado y citado como investigados a los dos ocupantes de un camión que atropelló de forma mortal a un hombre el 2 de julio en la N-VI en Guadarrama, y que huyeron del lugar porque creyeron que habían arrollado a un animal.
El suceso ocurrió en torno a las once de la noche en el punto kilométrico 53 de la N-VI, en el término municipal de Guadarrama, según ha informado este miércoles el instituto armado.
En la cuneta de este punto fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años, vecino de Salamanca, que presentaba evidencias de haber sido arrollado. A pocos metros del cadáver había un camión semivolcado con el cual la víctima había sufrido un accidente momentos antes.
El Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y en la inspección ocular del lugar localizaron pruebas de que el hombre había sido atropellado por un vehículo tipo camión, que se había dado a la fuga del lugar.
Los agentes visionaron las cámaras de seguridad de la ubicación para intentar localizar e identificar al autor o autores del atropello.
Con el avance de las pesquisas, identificaron al titular del camión, que tiene su residencia fijada en Ciudad Real, y, ante el temor de que se dispusiera a abandonar la comunidad, los agentes reforzaron sus esfuerzos en las carreteras madrileñas.
A mediados de esta semana los agentes lograron localizar el camión con el que se cometió el atropello que estaba dispuesto en una grúa para llevarlo hasta algún taller de Castilla-La Mancha para arreglar el golpe.
El conductor y el ocupante del vehículo manifestaron a los investigadores que pensaron que el golpe fue a consecuencia del atropello de algún animal, concretamente un jabalí, por lo que continuaron su camino sin detenerse.
Por estos hechos los agentes procedieron a investigar a los dos ocupantes del camión, de 37 y 64 años, vecinos de Ciudad Real.
Desde la Guardia Civil se recuerda que el artículo 382 bis del Código Penal sanciona al conductor de un vehículo a motor o ciclomotor que, voluntariamente y sin que haya riesgo para él o para terceros, decida abandonar el lugar de los hechos después de haber causado un accidente en el que haya fallecidos o lesionados.
Estas dos personas se enfrentan a penas de 3 a 4 años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por periodo de 6 meses a 4 años.