Los portavoces de los grupos municipales de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) e Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Torremolinos, José Piña y David Tejeiro, respectivamente, han mostrado su indignación ante “la serie de negligencias e irresponsabilidades en la gestión de la empresa que explota el Palacio de Congresos de la localidad” y que ahora debe ser disuelta por orden del Ministerio de Hacienda.

 

Pero también, ha indicado Tejeiro, “porque nadie del anterior equipo de gobierno (PP) esté dispuesto a asumir responsabilidades ni, aparentemente, nadie del actual equipo de gobierno (PSOE) quiera dar un paso adelante para exigirlas”.

 

La disolución de la empresa viene motivada por el hecho de haber presentado desequilibrio financiero (pérdidas) durante dos ejercicios contables consecutivos (2013 y 2014) por importe de 18.803 y 4.620 euros respectivamente. En estos casos, la ley obliga a la disolución automática de la sociedad.

 

“Las demás empresas municipales solventaron ese problema legal sin mayor problema”, alega Piña; “sin embargo, nadie en el Palacio de Congresos pareció advertir que la ley hay que cumplirla. Resulta difícil de creer que ni el contable ni el auditor ni el gerente ni la consejera delegada ni el presidente ni el secretario ni nadie, de entre los numerosos cargos que cobraban por hacer su trabajo, advirtiera de lo que estaba pasando”.

 

Por la razones anteriores, CSSP e IU han remitido un escrito al alcalde y a la concejala responsable de empresas municipales exigiendo la creación inmediata y urgente de una Comisión de Investigación que depure posibles responsabilidades jurídicas y patrimoniales.

 

Por otra parte, Piña y Tejeiro han solicitado la contratación de una auditoría contable y de gestión y han advertido de que la anunciada subrogación en bloque de todos los trabajadores de la antigua empresa municipal por el Ayuntamiento podría no ser legal “a menos que para acceder a esos trabajos hayan superado las pruebas de acceso al empleo público que debería pasar cualquier otro empleado de un ayuntamiento” y han advertido al equipo de gobierno de que estudiarán emprender acciones legales contra los responsables de esa subrogación si finalmente se lleva a cabo.