Y que mayor emoción que la de poder asistir al éxito académico de una hija o un hijo. Los sentimientos de ayuda que madres y padres experimentan hacia su prole son muy fuertes en todos los aspectos de la vida. Y siendo así, alguien llama a padres y madres para informarles que si no pagan unas actividades complementarias posiblemente no puedan matricular a su retoño ese curso o al año siguiente. En los centros públicos esto no ocurre y tampoco se puede predicar de todos los centros privados concertados, pero haberlos ahílos. Suele argumentarse por las buenas al principio, que estas actividades complementarias son positivas para niños y niñas, que conviene que se apunten las familias al Ampa del centro, que incluso paguen una cuota para materiales, para reserva de plaza, para… y que ello es necesario porque el dinero que se recibe de la Junta de Andalucía es escaso y no da para todo lo que hay que hacer.

Llegados este punto muchas familias por mor de no señalarse pagan y punto, aunque saben que la enseñanza en los centros privados concertados está pagada por la administración educativa, que además de pagar directamente al profesorado dota a la propiedad del centro concertado de una partida económica para gastos de mantenimiento, reparaciones, limpiezas… Otras familias preguntan y es entonces cuando, en lugar de información comienzan a recibir veladas “consideraciones” sobre los posibles efectos negativos que el no pagar tendría. Y van dándose cuenta las familias, de con qué tipo de personas se están relacionando, que llegan a poner en riesgo, por dinero, los estudios futuros de sus hijas o hijos.

Algunas familias, acaban pagando, otras se mantienen firmes y van indagando sobre esta situación, que es conocida por los políticos de turno, ya que incluso ellos tienen allí escolarizados a sus hijos,  desarrollándose con total impunidad. Cuando alguien denuncia la administración educativa, le exige que “dé  la cara”, para comenzar una investigación. Y se escucha aquello de “si no me lo firma no hay caso”. Las familias que llegan a ese punto no están dispuestas a someter a sus hijas e hijos a un “acoso” más que previsible, por haber denunciado un fraude que es “vox” populi. Y vuelve el chantaje emocional a tapar el asunto que en ocasiones toma forma de entramado fiscal financiero, constituyendo los propietarios del centro una empresa intermedia que asume la gestión del “proyecto educativo”, y esta le alquila las instalaciones. Beneficio seguro. Riesgo cero. Y el marrón para docentes y cargos intermedios, ya que las direcciones normalmente son accionistas de la empresa arrendataria. Y ojo con decir nada, que igual el año que viene o cuando llegue a bachillerato tú hijo o tu hija se queda en la calle.

Fdo Rafael Fenoy Rico