Antes de participar en el encuentro sindical "La vivienda en Andalucía: un derecho, una obligación", Aguilar insistió en la necesidad de que "pronto tengamos resultados efectivos y eficaces" en el diálogo que la Consejería mantiene con las entidades financieras en el ámbito de la colaboración público-privada que contempla el desarrollo de la ley.
La consejera reclamó una respuesta "cierta y segura" por parte de los bancos para financiar obras y viviendas en proyectos que son "imprescindibles para dar un impulso definitivo a la generación de empleo y desarrollo empresarial" y que permitan salir de la situación de crisis e incorporar sectores emergentes que van a generar nuevos "yacimientos de empleo".
Aguilar recordó que en materia de vivienda "no partimos de cero", ya que el Plan Concertado anterior a la ley incluye una previsión de inversión público-privada de 12.000 millones de euros, que incluye instrumentos para intervenir en el suelo de vivienda de obra nueva en venta y alquiler, así como en la rehabilitación en los casos que sea necesario.
La consejera anunció que mantiene la intención de su antecesor en el cargo, Juan Espadas, de hacer públicos los nombres de las entidades financieras que no cumplan con el compromiso adquirido para financiar Viviendas de Protección Oficial (VPO), ya que "si algunas lo hacen y otras miran para otro lado, es bueno que lo sepan los ciudadanos".
Apuntó que espera contar a principios de mayo con el borrador que contemple las funciones y contenidos del Observatorio de la Vivienda previsto en la ley, cuya constitución tiene un plazo de seis meses, para intentar llevarlo "a buen puerto" antes de agosto, tras lo cual este instrumento permitirá tener una "radiografía exacta" del seguimiento y control del cumplimiento de la ley.
Aguilar citó también los registros municipales como "instrumento esencial" para el desarrollo de la ley, y explicó que 700 de los 771 ayuntamientos andaluces (un 90 por ciento), ya han aprobado la configuración de los registros, e incluso el de Córdoba está ya abierto para que los ciudadanos puedan inscribirse y dar cuenta de sus demandas.
Resaltó que "estamos ante una ley pionera en España", porque, además de hacer efectivo el derecho a la vivienda, "da los instrumentos a los ciudadanos para que puedan exigir su cumplimiento, incluso ante los tribunales", y tiene, según la consejera, "un valor extraordinario en términos de consenso, de concertación y acuerdo".
Por su parte el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, realizó un llamamiento a la responsabilidad de las entidades financieras "que no están a la altura que está demandando la sociedad", puesto que están impidiendo, en su opinión, que "el esfuerzo de las administraciones y los trabajadores se vea reflejado".
El secretario general de UGT, Manuel Pastrana, resaltó el papel de las centrales como "canalizadores de la demanda" de los ciudadanos, por lo que exigen a cada uno de los municipios que se desarrollen "planes concretos en tiempo real", para que cada ciudadano pueda tener acceso a una vivienda en la medida de sus posibilidades económicas.