Caamaño y los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) mantuvieron ayer la primera reunión formal desde el nombramiento del ministro, de la que todos destacaron el diálogo y la voluntad de colaboración para mejorar la Justicia.
Respecto a la huelga de jueces anunciada para el 26 de junio, el ministro insistió en que ayer se dio un paso importante para ponerse a trabajar conjuntamente, mientras que las asociaciones confiaron en que no sea necesario acudir a esta medida de presión.
La primera de las medidas propuestas por el ministro a los representantes judiciales ha sido la de ampliar de 150 a 220 las plazas de jueces y de 83 a 150 las de fiscales, que se materializarán en la próxima convocatoria.
Además, para que estas plazas sean efectivamente cubiertas y no queden vacantes, se permitirá a los opositores que no hayan superado el último examen y sí los anteriores, reservar la nota más alta para la siguiente convocatoria.
El Ministerio ha atendido también una de las principales reivindicaciones de los jueces, como es que se mantenga su competencia para el señalamiento de la agenda de juicios, que el proyecto de ley de implantación de la nueva oficina judicial atribuía a los secretarios judiciales.
También se decidió ayer la creación de un grupo de trabajo específico, que comenzará a funcionar el próximo martes, para estudiar las propuestas de conciliación de la vida laboral y familiar en la carrera judicial.
Otros compromisos abordados fueron el estudio de fórmulas para reducir progresivamente los jueces sustitutos e incentivar las sustituciones entre los titulares, acometer un plan urgente para la informatización integral de la Justicia y diseñar una nueva ley de Planta y Demarcación.
Caamaño insistió en su “compromiso personal” para trabajar “sin descanso” y se mostró convencido de que contará con la colaboración de las CCAA y del Poder Judicial.
