"Por actitudes arbitrarias" de la delegación municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz en los últimos meses, y tras consultar con los servicios jurídicos de la Federación Nacional y la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, así como revisar toda la documentación existente, los chiringuiteros "han considerado sobradamente justificada la presentación de una denuncia vía penal "por un presunto delito de prevaricación al entender que desde la citada delegación se están dictando resoluciones injustas como es la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena y de restablecimiento de la legalidad urbanística", explicaron desde la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz (Aecca), que representa a los concesionarios de los chiringuitos de la capital gaditana.
Se da la circunstancia, por otro lado, que el propio Consistorio, afirman desde el colectivo, "ha autorizado ocupaciones en las playas muy superiores a los 150 m2 y, por tanto, contraviniendo el PGOU, con instalaciones de altura y ocupaciones superiores a las permitidas en el documento, e incluso equipamientos expendedores de bebidas prohibidas en instalaciones deportivas". Además, se ha constatado a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (en información solicitada por los empresarios), que el Ayuntamiento "ha infringido el PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos, permitiéndolas y justificándolas de forma contraria a ley o buscando subterfugios para eximir al Consistorio de cumplir sus propias obligaciones con respecto a la legislación urbanística de la ciudad. Por ello, junto a la demanda, se presentará toda la documentación que la fundamenta, y se pedirán las prácticas de pruebas, declaraciones, así como el aporte de los expedientes correspondientes al juzgado, por parte del Ayuntamiento".
Por otra parte, en cuanto al acuerdo de desistimiento por parte del Ayuntamiento de los procedimientos de transmisión de los títulos concesionales, se plantea "interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo por vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima, de seguridad jurídica, entre otras vulneraciones de derechos. Así como la prohibición de la Administración de actuar contra sus propios actos y con manifiesta desviación de poder. Estudiándose, esta semana, por parte de los servicios jurídicos de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa y los propios de los industriales afectados, la interposición de otras medidas judiciales".
El Ayuntamiento asumió, en su día, la transmisión ante la resolución de la administración competente. De hecho, no presentó alegaciones ni recursos a la citada resolución remitida por la Junta de Andalucía, existiendo notas oficiales y numerosas declaraciones públicas del alcalde, así como otros delegados municipales, sobre la confirmación por parte del equipo de Gobierno de aceptación y apropiación del logro sobre, la gestión del proceso de trasmisión de la concesiones que garantizaban la permanencia y margen de maniobra a los titulares para la mejora de las instalaciones, la consolidación de las plantillas, etc.
Se lamenta desde el colectivo la situación insostenible para los casi 200 trabajadores empleados en la playa, que, junto con los empresarios, preparan una concentración en repulsa por la actitud incoherente e irresponsable del Ayuntamiento de Cádiz.
