Según informó el portavoz de la Oficina, Carlos Serrano, la detención se produjo mientras la joven, que reside en Sevilla, donde se encuentra “muy integrada” y tiene recurrida una orden de expulsión de España dictada con anterioridad, transitaba por Jerez en la búsqueda de empleo “como todos los inmigrantes en la actualidad”, después de lo cual fue ingresada en el CIE de Algeciras.
Serrano afirmó que la familia se encuentra “muy nerviosa” pues “no tiene noticias de la chica y desconoce si va a ser deportada o incluso lo ha sido ya”, apuntando que la información que poseen al respecto es “muy confusa”. Además el portavoz criticó el hecho de que el CIE “se niega a dar ningún tipo de información, pues, los centros de internamiento son una cárcel sin reglas”.
En este sentido, Serrano reivindicó que las personas inmigrantes en situación irregular “no son delincuentes”, lamentando la “caza del inmigrante que viene practicando de un tiempo a esta parte la Policía, persiguiéndolos por la calle o entrando en los autobuses para identificarlos y detenerlos”.
El portavoz afirmó que, con esta política “restrictiva”, el Gobierno “condena a los inmigrantes a la clandestinidad, haciendo sumamente difícil la integración de personas extranjeras que ya están arraigadas en la sociedad española porque llevan viviendo en España, en algunos casos, más de cuatro años en situación irregular y que ahora están pasando serias carencias a causa de la crisis”.
Para Serrano, “muchas de estas personas trabajan en la economía sumergida, 12 horas al día por 30 euros y careciendo de todo tipo de derechos hasta el punto de que si algún día no van trabajar por enfermedad pierden su trabajo”.
Para la Oficina de Derechos Sociales la reforma de la Ley de Extranjería supone un “auténtico retraso” en el ámbito de los derechos humanos, ya que “persigue a los inmigrantes por el simple hecho de serlo reconociéndolo como un delincuente no como un ciudadano y, en general, criminalizando la pobreza”.