La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, que investiga una supuesta connivencia entre mandos y agentes policiales y los dos prostíbulos más grandes del área de Barcelona –el Riviera y el Saratoga, ambos de Castelldefels–, decidirá hoy si ordena o no su ingreso su prisión, por los delitos de cohecho y revelación de secretos, entre otros.
Tras meses de investigación, la jueza ordenó la semana pasada el cierre provisional, por seis meses, del Riviera y el Saratoga, y envió a la cárcel a uno de los propietarios del Rivera, Antonio H., y a otro del Saratoga, Raul P., acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución ilegal.
La juez dio ayer un paso más y ha centrado su actividad en contra de la actuación supuestamente corrupta de mandos y agentes de la Policía Nacional, que al parecer aprovechaban su cargo y su información para interceder en favor de los prostíbulos a cambio de un beneficio personal.
Esta parte de la investigación sobre supuesta corrupción policial se inició a raíz de una querella que la fiscalía presentó contra el ex inspector jefe del grupo de Extranjería y Documentación José Javier M.P., tras ser denunciado por el propietario de un club de alterne por un delito de cohecho.
La juez tomó ayer declaración como imputados al ex jefe de la Ucrif Andrés O., para quien el fiscal ha pedido prisión sin fianza, y a su sucesor y actual director jefe de la Ucrif en Barcelona, A.N., para quien el fiscal ha reclamado prisión con una fianza de 5.000 euros, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.