El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto con el que abre juicio oral contra 30 personas investigadas en la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las subvenciones arbitrarias financiadas por la Junta de Andalucía, correspondiente a los 22,17 millones de euros destinados a sociedades de la comarca sevillana de la Sierra Norte.
En el auto, emitido el pasado 20 de enero, el juez da cuenta de que la Fiscalía ha formulado acusación en dicha pieza separada contra 30 personas, entre las que figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, ya juzgado por las ayudas autonómicas a la empresa sevillana Acyco; el exgerente provincial del antiguo IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras; el exalcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero; o el también exalcalde socialista pero de El Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, por delitos de prevaricación administrativa y malversación.
La Fiscalía, en ese sentido, reclama para Rivera cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; mientras para los restantes tres aludidos solicita tres años y medio de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta.
La acusación que ejerce la Junta de Andalucía, de su lado, no incluye en su escrito de acusación a Daniel Alberto Rivera, solicitando dos años de cárcel, cinco años de inhabilitación absoluta y tres años y medio de inhabilitación especial para los exalcaldes acusados y tres años de prisión, seis de inhabilitación absoluta y siete de inhabilitación especial para el exgerente provincial del IFA Manuel Enrique Rodríguez Contreras.
El PP, de su lado, aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación, incluyendo en su acusación a Daniel Alberto Rivera y acogiéndose a las peticiones de condena de la Fiscalía.
LA DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS
En su auto, el juez rememora su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, un documento en el que señalaba "la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales concedidas extramuros de la legalidad" por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total aproximado de 22,1 millones de euros.
A su juicio, "todas estas ayudas se habrían otorgado de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones", todo ello "en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".
A continuación, el juez analizaba cada una de las ayudas investigadas en esta pieza separada y concedidas a Coflosur; Atarazanas de Constantina; S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal; Grueso y García S.L.; Pema, Jamones y Embutidos S.L.; Tialna S.L.; Corsevilla S.C.A.; El Venero de Móstoles S.L.; Hotel La Posada del Moro; Romero Álvarez S.A.; S.C.A. Virgen del Robledo; Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara S.L.; Dehesa Navera S.L.; Promociones Vinícolas de Sevilla S.L.; Vivir El Barro S.L.; Refractarios Guadalcanal S.A.; Refractarios Andalucía S.L., y Andalucine S.L.
Y es que las ayudas concedidas "carecerían de objeto definido y concreto" y se llevaron a efecto "sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad, concediéndose por el correspondiente director general de Trabajo y Seguridad Social sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda".
PERSONAS Y EMPRESAS
Merced a ello, en este nuevo auto el juez acuerda abrir juicio oral a los citados 30 acusados como responsables penales y a once empresas en calidad de responsables civiles subsidiarias y partícipes a título lucrativo, en concreto Atarazanas de Constantina, San Sebastián de Guadalcanal, Pema, Jamones y Embutidos S.L., Tialna, Corsevilla, El Venero de Móstoles, Hotel la Posada del Moro, Romero Álvarez S,.A, la cooperativa Virgen de Robledo, Quesos y Embutidos Real de la Jara y Vivir el Barro S.L.
También acuerda abrir juicio oral contra Caixabank como heredera de la extinta Caja San Fernando en calidad de responsable civil subsidiaria, y contra otras siete empresas, cooperativas o personas físicas como partícipes a título lucrativo, que son Virgen de Belén, Antonio D.E., Eustaqui Reina S.A., José G.M., Gestión Turística del Sur, El Olivar de los Infantes y Producciones Barataria.
A todos estos acusados, responsables penales y civiles, en total 49, el juez requiere diferentes fianzas, destacando los 2,35 millones reclamados al exgerente provincial del IFA; 2,87 millones al acusado identificado como Gerardo D.L.C.E. o los 2,4 millones pedidos al exalcalde socialista de Guadalcanal.
